Partidos políticos y sindicatos suelen apelar a la fiabilidad de los funcionarios en el ejercicio de los funciones cuando fijan posiciones que coinciden con las suyas o favorecen sus intereses. Cuando no es así suelen surgir las acusaciones más o menos explícitas de connivencia con otros agentes o sumisión.
La responsabilidad que se debe exigir a entidades centrales del sistema que nos hemos dotado impone partir del respeto al criterio de los técnicos, que por supuesto no es infalible, y cuando aparecen diferencias o sospechas de sus pronunciamientos, señalarlas con argumentos transparentes o ponerlas en manos de los Tribunales.
El conflicto generado por el nuevo convenio colectivo de Obimasa ha dado pie a un nuevo conflicto en el que la interpretación del resultado de una negociación realizada por los responsables de su revisión no satisface a una de las partes involucradas.
Es obligado que tanto la parte social como la administración aclaren o soliciten un informe formal si tienen dudas de las notas internas evacuadas con el objetivo de resolver la disputa, pues intentar resolverla entre bambalinas con presiones públicas o privadas no ayuda a nadie. El funcionamiento de lo público exige transparencia por parte de todos, especialmente los poderes ejecutivos, pero también del resto de quienes tienen papeles protagonistas en su funcionamiento cotidiano.
No es válida la denuncia parcial si escatima parte de la información a la sociedad, que merece tener los elementos de juicio a su alcance, como tampoco la presión interesada sobre los órganos o personas encargadas de las tareas de fiscalización cuando su criterio no se corresponde con intereses u objetivos particulares, ni siendo legítimos.
