El Consejo de Ministros acordó ayer relevar tras casi cuatro años y medio al frente de la Delegación a Salvadora Mateos, que deja su puesto al abogado Rafael García. Después del buen trabajo realizado por la exdelegada (que desde 2018 ha tenido que lidiar con la pandemia, el cierre de una frontera que se encontró absolutamente caótica y la crisis fronteriza de mayo del año pasado), su sustitución por el letrado cordobés, que lleva casi una década en Ceuta, debe suponer un nuevo impulso para los grandes desafíos a los que enfrenta una institución clave para la ciudad como la de la plaza de los Reyes.
La delegada saliente ha demostrado durante los años que ha pasado al frente de ella capacidad política y máxima disposición a su apertura a la ciudadanía, un déficit de otras etapas.
García debe saber dar continuidad a ese carácter de cercanía y de estrecha colaboración con la administración local que ha marcado la era de Mateos y completar trabajos que su predecesora no ha podido terminar pero sí deja encarrilados como la apertura de la aduana comercial en enero, la implantación de las nuevas herramientas de control de frontera inteligente o la ejecución de las medidas que contempla el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico del Estado. La importancia de este y del Gobierno central para una ciudad con las singularidades de Ceuta es esencial y el nuevo delegado, de quien sus compañeros hablan maravillas en el plano personal y profesional, tiene que ser capaz de trasladar a La Moncloa las necesidades de la ciudad por encima de intereses partidistas, como se ha hecho hasta ahora.
