La situación que atraviesan instalaciones como el complejo deportivo Guillermo Molina, ante el conflicto de limpieza generado por la empresa Hércules, repercute directamente en sus usuarios a los que se les carga la losa de no poder disfrutar de unas mínimas condiciones de salubridad. Los trabajadores no tienen culpa, plantean una huelga porque no se les paga por sus labores y deben mostrar de la forma más evidente cuál es la crítica situación que viven. Son padres de familia que no pueden siquiera hacer frente a los gastos mínimos. No les queda otra -y han pedido disculpas por adelantado- que protestar ante el agravio que están padeciendo tanto ellos como las familias a las que mantienen.
Pero de igual manera los usuarios tampoco tienen culpa y no pueden encontrarse con unas instalaciones que, además de sucias, tienen hasta pulgas, como se ha denunciado.
La administración debe buscar una pronta solución a todo esto pero, más allá del caso en cuestión, debe disponer de los medios adecuados para dar la protección debida a los contratos que ofrece para que las empresas que resulten adjudicatarias no den problemas como está ocurriendo.
La gravedad deriva en que no se trata de casos aislados, sino que con más frecuencia de la deseada nos topamos con empresas que terminan sin cumplir y dejan en la cuneta a muchos padres de familia que no cobran en tiempo y forma a pesar de que sí hacen su trabajo.
El conflicto enquistado con Hércules es uno más de otros. La administración debe tener capacidad suficiente para evitar que sean costumbre.
