Las últimas víctimas de los vándalos fueron, durante la madrugada de ayer, las pistas deportivas de la zona del Quemadero, una de las pocas infraestructuras de reciente construcción y estreno existentes en la zona. Con independencia del resultado que arroje la investigación abierta sobre el móvil de los autores, su acción es exactamente igual de execrable y debe ser repudiada por el conjunto del vecindario y del resto de la ciudad esté o no relacionado con otras quemas, o haya sido un acto cometido por otros fines distintos, como parece.
Es tan cierto que el Príncipe sigue careciendo de equipamientos básicos como que este tipo de acciones son un tiro en el pie de la propia barriada, para la que está en proyecto, por ejemplo un Centro Cívico que la ultraderecha rechaza construir como si esa parte de la ciudad no fuese tan Ceuta como el centro.
Los delincuentes a los que otros delincuentes amparan en ocasiones frente a la Policía ayudan a limitar las posibilidades de futuro de su propio barrio y de sus vecinos con acciones deleznables a las que las Fuerzas de Seguridad en primer lugar y el conjunto de la sociedad caballa, Príncipe incluido, a su lado deben ser capaces de erradicar.
Los dos incidentes de las últimas horas han marcado un nuevo punto de gravedad que, medido en sus términos justos, exige una reacción de todos.
Los siete policías nacionales heridos imponen una revisión de los recursos humanos y materiales disponibles y la forma de organizar operativos para evitar que las intervenciones rutinarias o puntuales en la barriada no deriven nunca más en balances parecidos.
La quema de los vestuarios de las pistas deportivas, sobre la que no cabe reflexión por parte de sus autores, sino su puesta a disposición judicial, una reacción social que los aísle y señale.
