Las batallas judiciales que UGT y CGT han ganado en los Tribunales tanto a la Ciudad Autónoma como a la Delegación por las retribuciones de los beneficiarios de los Planes de Empleo están poniendo en peligro su continuidad en Ceuta. La institución de la Plaza de los Reyes estuvo a punto de suspender los del año pasado por las sentencias que exigen elevar las remuneraciones de los contratados al nivel del personal laboral de la Administración General del Estado y para la edición 2022-2023 ha decidido dejar todos los programas en manos del Ejecutivo local, que hace tiempo decidió acatar las resoluciones judiciales en el mismo sentido.
De esta forma, los incorporados que empiecen a trabajar a partir de mediados de este mes percibirán entre algo más de 1.400 y cerca de 3.000 euros al mes.
Se trata de cantidades que no entran dentro de cánones lógicos para iniciativas que siempre han tenido un carácter marcadamente social, por lo que será necesario modificar un aspecto u otro, ya que aunque el criterio de la Justicia es claro tampoco parece razonable desembolsar esos sueldos si no está a la altura el nivel de exigencia en el desempeño de las labores encomendadas por personal que no ha superado ningún proceso de selección propiamente dicho.
Si las administraciones mantienen su apuesta por los Planes de Empleo y asumen que las retribuciones deben ser equivalentes a las de su personal laboral, los programas y sus resultados deben ser escrutados con mucho más detalle del que lo han sido hasta ahora para que los 11,6 millones que consumirán este año no sean baldíos.
