Los Planes de Empleo darán en Ceuta en su edición 2022-2023 un cambio significativo con la puesta en manos de la Ciudad de todos sus programas. La administración local asumió hace tiempo el criterio judicial de que sus beneficiarios deben cobrar como el personal laboral, con lo que sus retribuciones serán más que dignas.
Más allá de la disputa de si esas remuneraciones son o no adecuadas y justas en términos sociales para el perfil de los programas que se desarrollan, las instituciones deben exigir a los contratados no solamente que desarrollen las labores que se les encarguen con la debida dedicación y que los nueve meses que pasen contratados sean efectivamente útiles para su inserción laboral posterior.
La falta de información transparente sobre cuántos de los incorporados a los Planes de Empleo consigue a corto o medio plazo un puesto de trabajo por sus propios medios es un déficit claro de la actuación de las administraciones.
El carácter social de estos programas, evidente aunque casi nunca reconocido explícitamente, no debe dar cobertura a una falta de control sobre el desempeño de los trabajadores, pero tampoco a la obligación de la administración competente (ahora la Ciudad, antes también la Delegación) de aprovechar una cantidad de recursos más que notable (11,6 millones de euros para la próxima edición) para algo más que una medida paliativa puntual y pasajera en favor de los desempleados más vulnerables.
Los Planes de Empleo tienen que servir para formar y capacitar, no solamente para cobrar durante tres cuartos del año y volver a engrosar las listas del paro.
