La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha responsabilizado hoy jueves a los acuerdos de España con Marruecos de la muerte de una joven y de las heridas causadas a otras tres personas, durante el tiroteo a una patera realizados, supuestamente, por la gendarmería marroquí -en la playa de Akhfennir en Tarfaya el pasado lunes-, cuando un grupo de personas se disponían a embarcar en una patera rumbo a las Islas Canarias.
La organización denuncia que “los hechos responden claramente a una declaración de guerra contra las personas migrantes por parte de nuestros gobernantes” y recuerda que no es la primera vez que sucede. Así, señala el caso de Hayat, la joven de 24 años que murió en un tiroteo efectuado por las fuerzas armadas de la Marina Real marroquí, a una patera que se dirigía hacia las costas españolas en septiembre de 2018.
La organización recuerda también que hace apenas dos meses, “al menos 37 personas murieron aplastadas y asfixiadas en el vallado fronterizo de Melilla con Nador, debido a la violencia con la que fueron reprimidos” e insiste: “De no ser por las organizaciones que constantemente denunciamos y visibilizamos estas prácticas, no se sabría quiénes son las personas que fallecen en nuestra frontera sur”.
Estos fallecimientos, alertan, son causados por la imposibilidad de poder migrar a través de vías legales y seguras debido, argumentan, “a las prácticas que encierran este tipo de acuerdos provenientes de países europeos con terceros países”.
Otros casos que verifican hechos similares
Para la APDHA, “a nuestros Gobiernos no les basta con proferir discursos y prácticas que desnaturalizan, criminalizan o deshumanizan a determinadas personas migrantes para legitimar las devoluciones en caliente o el encierro en cárceles racistas, que vulneran flagrantemente sus derechos, sino que lamentablemente, nos estamos acostumbrando a que nuestros Gobiernos obvien, e incluso elogien, este tipo de acciones o dilaten los procesos judiciales con el peso de la burocracia para que no se haga justicia -como sucedió en el caso Tarajal-“.
“Son personas que también huyen de guerras o de la pobreza”, critica la organización, en alusión a la rápida disposición con la que el Gobierno ha trabajado para proteger y garantizar el derecho a la vida de otras personas migrantes en circunstancias similares.
En el comunicado, la organización alerta del aumento de la opacidad en la gestión de las migraciones de la frontera sur, que está teniendo gravísimas consecuencias, y exige que “los Gobiernos de la Unión Europea y, especialmente, el Gobierno del Estado español que cumpla las leyes y reclame el respeto a los derechos humanos de las personas que migran, como demanda central a los países con los que se establecen todo tipo de acuerdos”.
