La consejera de Hacienda del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, aseguró ayer en el Pleno que espera tener adjudicado antes del próximo mes de febrero el nuevo contrato de limpieza pública viaria y recogida de basuras, con el que la Ciudad quiere recuperar los niveles de calidad que tenía antaño y que se han perdido en parte durante la última década por el recorte presupuestario aplicado a la concesión, que solamente pudo repararse mínimamente con el máximo de ampliación legal posible.
Desde 2013 las quejas por la prestación de la actual adjudicataria han sido múltiples y la administración debe hacer un análisis a fondo de cuáles han sido los motivos del empeoramiento del servicio para aclarar si se han debido únicamente a falta de disponibilidad económica para hacer un mejor trabajo o si se han producido déficits en la gestión por falta de una adecuada fiscalización.
El nuevo contrato ya no tendrá una década de duración (prorrogable por otros diez años en el último, posibilidad a la que ambas partes han renunciado), sino un máximo de cinco años.
La consejera dejó abierta la puerta a estudiar la posibilidad de asumir la gestión directa, como ya se ha hecho con los autobuses urbanos, o recurrir a Tragsa si la tramitación del expediente de licitación se alarga más allá de lo deseable.
Con un desembolso anual actual de cerca de 20 millones de euros, los pliegos deben prever todas las posibilidades para garantizar al conjunto de la ciudad un servicio básico y fundamental adecuado, pero también a un precio ajustado a sus costes, que en términos salariales amenazan, si siguen aumentando al ritmo actual, con estrangular la concesión para cualquier prestataria.
