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La Comisión Ejecutiva del SEPE se reunirá hoy para fijar los criterios de selección de los desempleados
Los representantes de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT plantearán hoy en la Comisión Ejecutiva del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) que fijará los criterios de baremación y selección de los parados que serán contratados en los Planes de Empleo de este año la necesidad de que se tenga en cuenta la renta familiar de los candidatos y de que la antigüedad como demandante no sea un criterio primordial excluyente.
“Durante los años anteriores la Administración solamente ha baremado a dos candidatos por puesto, los de inscripción más antigua en las listas del paro, con lo que se excluye al resto por paupérrima que sea su situación socioeconómica”, explicaron ayer fuentes de Comisiones Obreras sobre su propuesta, que aboga porque estas políticas activas de empleo se gestionen como una suerte de convocatoria a la que los desempleados interesados “que cumplan los requisitos” concurran autobaremándose para que, a posteriori, sea el SEPE el que certifique que se ajustan al perfil mínimo exigido: titulación o formación adecuada para el puesto; no haber participado en los dos últimos Planes; y estar inscrito en las ocupaciones y categorías propuestas en cada oferta.
El planteamiento de CCOO y UGT apuesta por considerar nueve criterios: antigüedad como desempleado (a razón de 0,25 puntos por mes hasta un máximo de diez); discapacidad (3); cargas familiares (dos puntos por cónyuge o hijo de hasta 26 años, mayor incapacitado o menor acogido que no tenga ingresos superiores a 530,78 euros mensuales hasta un límite de diez) y rentas familiares (en una escala de hasta 5 puntos para quienes no lleguen a 131 euros; cuatro negativos para los que superen los 930 y cero para la horquilla de 530,78 a 630).
El concepto de ‘renta familiar’ incluiría, según establecen literalmente CCOO y UGT en su planteamiento, todos “los ingresos de la unidad divididos por el número de miembros” de la familia y los solteros tendrían puntuación cero.
Además, a las mujeres y a los mayores de 45 años se les otorgaría un punto; a los mayores de 55 con al menos dos pendientes para jubilarse, 3; y a los menores de 30 años, dos.
Finalmente, se tendría en cuenta para los desempates “el menor nivel de protección por desempleo de cada trabajador”.
La Administración, reacia
Los sindicatos tienen escasas esperanzas de encontrar eco en la Administración con su planteamiento como tampoco lo han tenido hasta ahora con su apuesta porque las jornadas laborales de los contratados sean al 100% y no al 62% ó al 75%, porcentajes que dejan los subsidios posteriores entre 266 y 319 euros al mes, lejos de los 426 a los que se podría llegar. Así, a la ciudad deja de llegar más de un millón de euros al año en renta disponible.
Los interlocutores de la parte social alegan que “la legislación” impide tener en cuenta la renta familiar para la selección de beneficiaros en estas políticas activas de empleo.
El año pasado, los criterios de baremación utilizados fueron: antigüedad (0,1 puntos por mes más 0,5 por año completo); cargas familiares (0,6 por carga más seis décimas cuando fuesen tres o más); cursos de formación (0,5 puntos por cada uno recibido durante los tres años anteriores) y edad (un punto para los candidatos con entre 45 y 55 años).
En concepto de cupos se reservó un 7% para discapacitados; un 5% para víctimas de violencia de género; un 1% para reclusos en tercer grado; un 20% para candidatos sin ingresos; un 1,5% para drogodependientes en rehabilitación; otro 5% para beneficiarios del Plan Prepara; un 20% para “demandas más antiguas” y un 0,5% para víctimas del terrorismo.
Además, para mujeres y jóvenes se acordó primar a los menores de 30 años y a los mayores de 63, cuando les quedasen un máximo de 540 días por cotizar para acceder a la jubilación.
Selección pública a través de una autobaremación
Los dos sindicatos de clase mayoritarios consideran que el proceso de selección para los Planes se podría “simplificar” con la convocatoria de una “selección pública” una vez elaboradas las ofertas genéricas. A ella concurrían, presentando una solicitud con su autobaremación, los demandantes que cumpliesen los requisitos, de tal forma que una vez cumplido el plazo solamente se comprobaría a los preseleccionados requiriéndoles la documentación necesaria. Para CCOO y UGT las memorias deberían elaborarse siguiendo “criterios de rentabilidad social” y excluyendo trabajos desempeñados por personal funcionario o laboral.
