Desde la pasada semana, todo parece indicar que se abre un nuevo frente dentro del Gobierno del Partido Popular; en esta ocasión, relacionado con el área de Comunicación, de la que sigue siendo responsable Emilio Carreira, a pesar de haber hecho pública su renuncia por no encontrarse “capacitado” para la “compleja gestión” que requiere y, posteriormente, manifestar ser “víctima de extorsiones”.
La controversia del área reside en el reparto de la publicidad institucional entre los medios de comunicación locales. Precisamente, el Grupo Parlamentario Socialista registró por escrito una solicitud de información, el 4 de febrero de 2016, con la intención de fiscalizar el reparto de la publicidad institucional, sin obtener hasta la fecha ninguna contestación, al tratarse de “una información que al Gobierno local no le conviene hacer pública”, tal y como se desprende de los últimos acontecimientos.
Concretamente, los socialistas solicitaron un listado nominal en el que figurara el dinero asignado a cada uno de los medios de comunicación, así como el criterio escogido para dicha asignación de la partida de los Presupuestos de la Ciudad para el ejercicio 2016 dedicada a la ‘Comunicación, imagen y campañas institucionales’, al que se destina un montante total de 1.7000.000 euros. Igualmente, requirieron cuáles fueron las cantidades asignadas a cada medio desde el año 2010 al 2015.
Tras las declaraciones de Carreira sobre “presiones y extorsiones”, el Gobierno ha suspendido temporalmente la publicidad institucional, alegando que se debe a que ha variado el número de medios de comunicación existentes y solo mantendrá aquella que sea estrictamente obligatoria.
Desde el PSOE de Ceuta denuncian que “toda esta situación, de oscurantismo e irregularidades encubiertas, del área de Comunicación del Gobierno del Partido Popular, ha salpicado a los trabajadores de los medios, quienes temen que sus puestos de trabajo puedan correr peligro ante posibles faltas de liquidez por la retirada de las publicidades”.
Por ello, los socialistas exigen al Ejecutivo de Vivas a hacer público el reparto de publicidad institucional que se ha llevado a cabo desde el año 2010, al atisbarse “asignaciones irregulares y un claro despilfarro de dinero público –cantidades desorbitadas-, que está terminando por perjudicar a un colectivo de trabajadores cuyas manos están limpias”.
Asimismo, desde Daoiz instan a Carreira a que “acuda a los juzgados y presente las pruebas que tenga, para que sea el poder judicial el que determine si existen culpables y se tomen decisiones al respecto”. Y, en caso de no presentar denuncia, “la Fiscalía debería actuar de oficio e investigar posibles irregularidades en el reparto de la comunicación institucional”.
Por último, el PSOE de Ceuta aboga por que “la Ciudad haga público los criterios en base a los que se lleva a cabo la asignación de cada medio y que ésta sea equitativa y justa”.
