España y Marruecos anunciaron ayer la apertura de “una nueva etapa” en su relación bilateral basada “en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente”.
El compromiso bilateral en el siempre interpretable lenguaje diplomático se desarrollará sobre “una hoja de ruta clara y ambiciosa” para “garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países”.
Además, Madrid y Rabat pretenden afrontar “juntos” desafíos como “la cooperación en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y en el Atlántico actuando siempre con un espíritu de total cooperación” y “restablecer la plena normalidad en la circulación de personas y bienes”.
Se trata, en todos los casos, de asuntos de indudable trascendencia para Ceuta, cuyo presidente habló directamente ayer con el ministro de Asuntos Exteriores antes de respaldar abiertamente el acuerdo alcanzado, que ahora deberá consolidarse con la visita de Sánchez al país vecino y el regreso de su embajadora a España.
La inclusión entre los puntos del pacto de la “garantía” del respeto a “la integridad territorial” de ambos países tiene que traducirse en un punto y aparte en lo tocante a las reivindicaciones anexionistas del Reino alauita sobre las ciudades autónomas y otros territorios de soberanía nacional.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un giro histórico a la posición española sobre el Sahara Occidental que Marruecos debe valorar en su justa medida y cumplir los compromisos adoptados para entablar esta nueva relación sin caer de nuevo en los gestos unilaterales de los últimos años para que las zonas de prosperidad compartida que España pretende promover alrededor de Ceuta y Melilla se conviertan en una realidad sobre bases firmes y duraderas.
