La Consejería de Hacienda pasó este lunes por el trámite de Comisión Informativa con los únicos votos a favor del PP y, según el punto, de Ceuta Ya! (el PSOE se abstuvo y Vox votó en contra de todo), el abanico de propuestas que someterá a la consideración del próximo Pleno para, entre otras cosas, dar continuidad hasta final de año a las acertadas bonificaciones fiscales que implantó en 2020 para mitigar las consecuencias de la crisis fronteriza y sanitaria en el ámbito empresarial y profesional de Ceuta.
Empresas y autónomos podrán seguir pagando hasta el 31 de diciembre un 20% menos en sus ‘recibos únicos’ de Acemsa (a cuenta del suministro de agua, recogida de basuras y otras tasas ligadas a los inmuebles en los que desarrollen sus actividades) y nada por las ligadas a kioskos y terrazas.
La factura que asume la administración para alargar ese esfuerzo en favor del sector productivo se cifra en algo más de 400.000 euros anuales que estarán bien invertidos si con ello se consigue, como espera el Gobierno que preside Juan Vivas, contribuir a evitar el cierre de negocios y la destrucción de puestos de trabajo.
Para generarlos, la Consejería que lidera Kissy Chandiramani va a proponer también establecer un tipo mínimo del 0,5% en el IPSI que venga a “incentivar el repostaje y la reparación de buques y aeronaves” en nuestra ciudad “con el consiguiente incremento de la competitividad y, por ende, de la carga de trabajo de los empresarios y profesionales dedicados a dicha actividad”.
Se trata de otra posibilidad de desarrollo que no se puede dejar pasar la oportunidad de, al menos, explorar su rendimiento potencial en un momento clave para sentar las bases de nuevos nichos de creación de riqueza y empleo.
Oponerse a este tipo de iniciativas por un cálculo meramente electoralista y enrocarse en el no a todo es un error cuyas consecuencias no debe pagar Ceuta.
