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La defensa del policía local ha solicitado las grabaciones íntegras de las cámaras del Dublín y el abogado del consejero considera que se trata de atentado a la autoridad
El juicio entre el consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos, y el policía local Rafael Pérez, quedó ayer nuevamente suspendido en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número seis de nuestra ciudad. A las 13.00 horas estaba prevista la celebración, después de la suspensión decretada el mes pasado tan solo 24 horas después de que ocurrieran los hechos. Ambos se enzarzaron en una discusión que habría llegado incluso a las manos, con la consecuente denuncia mutua en la Comisaría en la madrugada del 17 de marzo. Entonces, un defecto en la citación del agente policial propició la suspensión para que éste solicitara la asistencia de un abogado, señalándose la segunda vista para el día de ayer.
Pero el acto fue suspendido a causa de dos motivos. El primero de ellos es que el abogado defensor de Ramos, Jorge Martín Amaya, considera que los hechos son constitutivos de un delito de atentado a la autoridad, y no un delito leve de amenazas como se ha tramitado hasta ahora. El letrado explicó que consideran que la disputa se produjo a causa del ejercicio de Ramos como cargo público con el tema de la gestión de la Escuela Hípica como telón de fondo, indicó el abogado.
En este sentido, el abogado defensor de Rafael Pérez, Javier Cabillas, manifestó que si se tramita el caso por un delito de atentado en contra de Pérez, el propio Ramos también debería ser investigado por el mismo delito al ser su cliente un agente policial.
Será, pues, una cuestión sobre la que la jueza deberá deliberar y resolver en los próximos días. Por una parte, si considera que el caso se debe tramitar como delito de atentado y si en la causa se imputa este delito a uno de ellos o a los dos.
Cámaras de seguridad
El segundo motivo de la suspensión de la vista judicial fue la solicitud del letrado del policía. Pidió que se aporten a la causa las grabaciones íntegras de las cámaras de seguridad del establecimiento donde tuvo lugar los hechos sin que las imágenes estén editadas o manipuladas y que esas grabaciones sean aportadas “por la persona encargada del soporte”, explicó el abogado.
Las videocámaras habrían captado el momento de la discusión que se produjo entre ambos implicados así como los testigos presenciales y que trataron de mediar en el conflicto separándoles. De hecho, en la vista estaban citados varios testigos de los hechos que ya acudieron el pasado marzo al Palacio de la Justicia para declarar, como trabajadores del pub y personas que les acompañaban aquella noche cuando se produjo la pelea. La jueza también deberá pronunciarse sobre esta cuestión.
Sin acuerdo a la vista
Ambas partes han tratado de resolver por vía de acuerdo esta causa judicial sin que las gestiones realizadas por los abogados hayan resultado exitosas. Los dos letrados reconocieron que se ha tratado de zanjar el asunto sin tener que llegar a juicio, pero no ha fructificado. Martín Amaya indicó que se ofreció a la defensa de Pérez llegar a un acuerdo de una multa por un delito leve, antigua falta, pero el propio agente policial habría rechazado este acuerdo.
