Cuando ves como se degrada y se ataca abiertamente nuestro patrimonio natural y compruebas que las instituciones encargadas de velar porque esto no ocurra, no hacen absolutamente nada, la indignación de quienes aspiramos a vivir en una Ceuta más habitable y luchamos a diario por conseguirlo, adquiere un nivel mayúsculo.
Pero lo peor de todo no es eso, sino el halo de impunidad que se percibe cuando al protestar contra tales injusticias, te queda la sensación de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, miran para otro lado, permitiendo con ello que algunos se aprovechen de algo que forma parte de nuestro conjunto patrimonial.
Posiblemente muchos de esos a los que los ciudadanos confiamos la gestión de lo público, no estén a la altura de las circunstancias, carezcan de las capacidades y sobretodo de la idoneidad para el desarrollo de las tareas encargadas, siendo su modus operandi por lo general, dejar que el tiempo arregle las cosas por sí solo, proceder de doble filo, cuyo resultado al final puede no ser el esperado para quien a ello se encomienda, dando lugar a un no deseado efecto "boomerang" que bien le acabe acarreando unas consecuencias no deseadas.
En nuestra ciudad tenemos variados ejemplos de lo que aquí expongo, como el de los incendios del año pasado donde se abrasaron más de setenta y cinco hectáreas de nuestros montes, pues bien, un año después de tan infaustas jornadas, lo único que se observa por aquellos lares es una zona totalmente deforestada con árboles talados y lo peor aún es que -a la fecha- todavía se desconoce a ciencia cierta quienes fueron los responsables de tales atentados. Pero no solo queda ahí la cuestión, a todo esto también habría que unir el arbitrario proceder de quienes en exclusivo muestran un mero interés particular y económico, edificando en zonas no urbanizables con la única intención de crear verdaderas megaestructura urbanas sin ningún tipo de reparo. Por tales acciones nuestro patrimonio natural está sometido a un proceso de degradación absoluto, quedando a merced de unas autoridades que permiten que, sin mediar modificación de nuestro PGOU, todo esto ocurra.
Por supuesto que existen los medios para evitar que este tipo de desastre se produzca, de hecho contamos con una sección de la Guardia Civil llamada SEPRONA, encargada de proteger nuestro medio y de cuya eficiencia y celo en su trabajo no tengo la menor duda. Ahora bien, la cuestión está en saber que es lo que ocurre una vez que sus agentes hacen su trabajo y dan la voz de alarma, quedando por conocer hacia donde se dirigen esas denuncias y quienes son los responsables en darles curso.
En muchos de los ejemplos reseñados y en una Ciudad Autónoma donde una de las pocas competencias transferidas que está posee, es precisamente la de medio ambiente, tenían que haber sido tanto la Consejería de Medio Ambiente como la de Fomento, las que de oficio hubiesen parado algunas de estas agresiones a nuestro medio natural, pues en el caso de que desde estas se diera como argumento de no haberlo hecho, la existencia de los pertinentes permisos, habría que conocer quién o quiénes los firmaron y si estos estarían en disposición de asumir las consecuencias que de tal acción se derivasen.
