Aunque seguramente ha llegado tarde, la regulación de las pruebas rápidas de detección de la enfermedad del coronavirus por la vía del autodiagnóstico ha sido una medida acertada, como reconocen los propios farmacéuticos, que han visto de primera mano los “abusos” que algunos proveedores cometieron antes y durante las fiestas navideñas, cuando la demanda se disparó, con lo que se convirtió en un bien escaso y en muchas ocasiones de primera necesidad.
“Ojalá se hubiera esetablecido en noviembre”, aseguran desde el Colegio Oficial de la ciudad autónoma, en la que también se sufrió tanto la escasez de test como la irrupción de precios disparados para hacerse con alguno de los disponibles, en algunos casos con obligación de adquirir lotes con un desembolso notable lejos del alcance de todos los bolsillos.
Con estas pruebas ha vuelto a pasar algo parecido a lo que ya sucedió con las mascarillas en nuestro país. Incluso con las primeras limitaciones de precios el coste unitario de la quirúrgica multiplicaba por diez el importe que ahora se desembolsa por una, todo ello a pesar de que su utilización era (y sigue siendo) obligatoria, así como una medida básica de protección de la Salud Pública frente a la propagación de la COVID-19.
Las administraciones deberían evaluar de forma coordinada la necesidad de disponer de reservas estratégicas de productos que, como ha sido el caso de estos, se han convertido durante los últimos meses en escasos pero imprescindibles, para intentar evitar hasta el límite de lo posible su inexistencia, en el peor de los casos, o que queden al alcance únicamente de las personas con más recursos.
