Los personas desempleadas de Ceuta y Melilla se verán beneficiadas por una ayuda del Ministerio de Trabajo e Inmigración cuyo montate asciende a un millón de euros. Así lo recogió ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuyo texto materializaba la aprobación de la resolución del 15 julio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en el marco de la formación profesional para el empleo, integrado en las medidas urgentes acordadas por el Gobierno para promover el empleo estable y una recualificación profesional de personas desempleadas.
Estas acciones formativas, que podrán ser cofinanciadas por el programa ‘Adaptabilidad y Empleo’ y por el Fondo Social Europeo, están destinadas para personas que agoten su protección por desempleo y se encuentren realizando un itinerario individualizado presto para la reinserción profesional, dando prioridad a los jóvenes, mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, personas procedentes del sector de la construccióny de otros afectados por la crisis que tengan baja cualificación. Los beneficiarios de las ayudas podrán ser las organizaciones empresariales, sindicales y representativas de la economía social de ámbito estatal inscritas y acreditadas en el registro del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de Ceuta y Melilla.
Los interesados podrán presentar tantas solicitudes como acciones formativas demande, las cuales podrán incluir hasta un máximo de cuatro especialidades formativas complementarias, además de la especialidad formativa ocupacional. Los criterios de valoración de las de las solicitudes atenderán a la idoneidad y experiencia acreditada, la adecuación de la especialidad formativa demandada, el compromiso de realización de las prácticas y la calidad de las acciones formativas.
Un “plan de choque urgente”
El origen de estas ayudas públicas para la recualificación formativa y profesional proviene del Acuerdo Social y Económico alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales en febrero y cuyo fin era mejorar la eficiencia de las políticas de empleo, un objetivo “urgente y necesario” en la actual situación de la economía y el empleo. Aquel acuerdo pretendía poner en marcha un “plan de choque” con efectividad a corto plazo y dirigido especialmente a la reducción del desempleo de jóvenes y personas en paro de larga duración, a la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la protección por desempleo y a la mejora de empleabilidad para desempleados de baja cualificación.
