PSOE y PP se han puesto de acuerdo para suscribir y presentar de forma conjunta en el Debate sobre el Estado de la Nación una propuesta de resolución que define las perspectivas financieras que España debe defender en la Unión Europea para el periodo 2014-2020. En particular, exige “un tratamiento singular dentro de las políticas de cohesión para Canarias, como región ultraperiférica y para Ceuta y Melilla, como ciudades fronterizas alejadas, dada su especial singularidad”.
Esto permitirá que la resolución salga aprobada hoy con total seguridad una vez que las propuestas se sometan a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, ya que socialistas y populares suman 321 de los 350 escaños del Parlamento.
El documento que han presentado conjuntamente PSOE y PP contiene un total de 19 puntos sobre los criterios que tienen las instituciones comunitarias a la hora de dar dinero a los estados miembros, para que España pueda salir beneficiada.
En particular, pide “abordar el debate y negociación sobre los ingresos y gastos del presupuesto europeo en paralelo, hasta alcanzar un acuerdo global”.
Aboga por "un sistema de recursos basado en los recursos propios tradicionales y en la Renta Nacional Bruta", así como eliminar las compensaciones que los distorsionen.
Marca como objetivo “negociar las políticas de cohesión que se diseñen e introduzcan estrategias de salida graduales justas” para los países que, como España, deberían dejar de recibir fondos.
Propone que el criterio del paro tenga “más importancia” a la hora de repartir los fondos de cohesión y que la distribución de recursos se haga “dentro del objetivo de competitividad” pero con criterios adaptados a las regiones para que se permita "un reparto de fondos más preciso".
También pone especial énfasis en que España “no vea reducidas sus dotaciones presupuestarias actuales, ni se introduzcan elementos de renacionalización o cofinanciación en su primer pilar y conseguir que siga recibiendo, como mínimo, los importes actuales del Feaga y del Feader”.
Respecto a la Política Agraria Común de la UE, la resolución plantea la introducción de “mecanismos suficientes de flexibilidad nacional y autonómica para la aplicación de la PAC y la distribución de sus ayudas” entre las regiones de un mismo país.
Asimismo, reclama “impulsar que en la PAC reformada se incluyan medidas eficaces para reforzar el peso de los productores de la cadena alimentaria” y “establecer mecanismos de regulación de los mercados con dotación del 100% del presupuesto comunitario”.
En investigación y desarrollo, pide un nuevo criterio por el que se dote de ayudas para reducir la “brecha tecnológica” entre estados miembros, además de un apoyo específico para las pymes.
Finalmente, pide dotar de mejores recursos el espacio de justicia y libertad de la Unión Europea, además de dotar de mayor volumen de recursos a la formación y la educación.
