Ante las quejas recibidas sobre promociones inmobiliarias de viviendas de protección pública (VPP), la institución del Defensor del Pueblo ha sugerido a varias administraciones, tanto autonómicas como municipales, que inspeccionen, vigilen y si es preciso sancionen, a los promotores-constructores cuando incumplen sus obligaciones. En opinión de la oficina que dirige Mª Luisa Cava de Llano, este deber legal de los poderes públicos no siempre es atendido, lo que favorece al promotor y perjudica a los beneficiarios de viviendas, quienes incluso han podido entregar cantidades a cuenta.
Administraciones
Las administraciones argumentan en ocasiones que no pueden intervenir mientras las viviendas no estén sometidas a la legislación de viviendas protegidas; es decir, hasta la llamada calificación provisional. Por el contrario, la oficina del Defensor del Pueblo afirma que el suelo de las zonas de que se trata está ya destinado a la construcción de VPP y que, por lo tanto, la administración ha de sentirse concernida prácticamente desde el inicio de la promoción inmobiliaria.
Otra preocupación de la Institución es que las administraciones persigan el fraude en VPP, desde la adjudicación de viviendas a quien no tiene necesidad hasta la ocupación por quien ha perdido su derecho o por transmisión irregular.
Los fraudes van desde falsear las condiciones familiares o económicas en la documentación para acceder a una VPP; hasta exigir cantidades prohibidas en la construcción, compraventa o arrendamiento; o arrendar VPP con rentas superiores a la máxima permitida.
Con sus investigaciones, la Defensoría busca conocer si las administraciones realizan las mínimas tareas de confrontación de datos, que es lo que permitiría restablecer la legalidad vulnerada, en perjuicio de quienes más necesitan de viviendas de protección pública.
Desde la misma Oficina del Defensor del Pueblo se establece que es una práctica que se da en muchas partes de nuestro país, sin que en muchas ocasiones las administraciones produzcan consecuencias.
Quejas por la Renta de Emancipación
Desde 2010 se han tramitado más de 1.200 quejas relativas a la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes y a las actuaciones de la Sociedad Pública de Alquiler. En los cinco primeros meses de 2011, se han superado ya las 550 reclamaciones.
Y es que en muchas partes de España a lo largo de los últimos años muchos jóvenes se han quejado de los problemas que tienen para cobrar la Renta Básica de Emancipación no solamente por el gran número de papeles que solicitan, sino también en lo que tardan en tramitarse las ayudas. Además son quejas que se han incrementado a lo largo del presente año.
