Más de 5.000 folios de actuaciones y un armario repleto de tomos contienen los entresijos del llamado ‘caso Emvicesa’, iniciado tras la denuncia presentada por la propia Ciudad y desarrollado por la Policía Nacional en la llamada operación ‘Ghost’. Esta misma mañana se levantaba el secreto de sumario pero aún habrá que esperar para conocer con detalle qué hay detrás de esta gran operación.
Sí que se conoce ya que la presunta trama corrupta de venta de casas tenía una pirámide de roles bien estructurada, de ahí que la magistrada Raquel Lucini investigara, entre otros delitos, la existencia de una organización criminal. En esa pirámide figuraría en la cúspide el exresponsable de Emvicesa, Antonio López, que presuntamente gozaba de una red de conseguidores que buscaban a las personas con capacidad para acceder a la compra de una vivienda de promoción pública. Buena parte de esos presuntos conseguidores son los que ahora están, junto a López, en prisión preventiva.
Por cada vivienda se llegaba a pagar entre 8.000 y 12.000 euros, porque no todos tenían la misma capacidad económica. Según las investigaciones, en esa pirámide había también colaboradores, papel que recaía, presuntamente, en los funcionarios de Emvicesa detenidos.
La trama investigada por la Policía saltó, tal y como en su día denunció El Faro, con una operación inicial en la que los agentes del CNP obtuvieron informaciones de intervenciones telefónicas en el marco de una investigación por homicidio. Ahí la Policía supo que ya había ofrecimientos por compra de viviendas. El caso, que quedó judicializado en el número 2, terminó archivándose, pero destapó algo importante: que la rumorología tenía fundamento.
Con la publicación de la famosa lista fantasma y la denuncia presentada por la Ciudad, comenzaría esta investigación que sí ha dado sus frutos con casi 40 personas en calidad de investigados. Los delitos que se investigan son prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal, blanqueo y tráfico de influencias. Es decir, una maraña de delitos que vienen a marcar la existencia de una presunta trama de corrupción política en la que existía un reparto de viviendas arbitrario, un cobro de dinero y una elección que casas y compradores que afecta no solo a la promoción de las 317, sino a todas las que se han estado investigando y que se siguen investigando.
¿Qué pasa si se demuestra que alguien compró una casa? Pues que al haber cometido un delito, se podría actuar judicialmente contra ella considerando la nulidad de esa adjudicación. Así que el ‘caso Emvicesa’ no ha hecho sino comenzar.
