E l estado de alarma expiró en España el 9 de mayo. Una decisión esperada por quienes ansiaban una “vuelta a la normalidad” luego de más de un año de restricciones. Sin embargo, esto no necesariamente es una buena noticia para muchas comunidades autónomas, por lo menos no del todo, al sentirse obligadas a solicitar amparo judicial para aplicar medidas que les permitan proteger la salud de sus ciudadanos ante un peligro que si bien pudo haberse aplacado, aún sigue latente.
La decisión de no prorrogar el estado de alarma en España acarrea un vacío legal o quizás algunas lagunas en cuanto a la decisión que se debe tomar en cada territorio y que depende exclusivamente de la interpretación que pueda darle cada juez tanto al precepto como al contexto.
Y precisamente este fue uno de los temas que tocó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien vino a chequear las instalaciones del antiguo Banco de España, que será sede judicial única de Ceuta.
Su visita no solo fue propicia para referirse a la obra que se espera sea terminada en julio, para luego iniciar los traslados en septiembre. Si bien es un tema que interesa a los ceutíes pues urgen mejores condiciones para los Penales, la Audiencia y los juzgados de lo Contencioso, hay otro asunto que también genera tanta preocupación como el traslado de los juzgados de la calle Fernández.
El tema de las restricciones preocupa y preocupa mucho. Una inquietud que también comparte Lorenzo del Río quien definitivamente no está de acuerdo con que sean los tribunales lo que decidan sobre este asunto, con una interpretación va hacia la crítica porque sean los jueces los que se vean obligados a tomar decisiones a falta de una legislación que sea lo suficientemente clara respecto a este tema.
Sí, el estado de alarma cesó en España, pero aún hay mucha tela que cortar en las comunidades autónomas que quieren mantener cierres perimetrales o toques de queda en parte de sus espacios, como garantía para evitar situaciones que lamentar a corto, mediano y largo plazo.
“Los tribunales no deben ser los que gestionan la pandemia para eso está la clase política”, dice Del Río.
Y en este sentido tiene razón, sobre todo tomando en consideración que los tribunales pueden decir cosas distintas y no son expertos en materia de confinamiento y toques de queda, quedando entonces pendiente una legislación que realmente diga qué se debe hacer, cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer, sin lugares a interpretaciones que puedan resultar ambiguas.
La solución sería entonces esa, una legislación en materia sanitaria que lleve a interpretaciones que tengan sentido en función de lo que está sucediendo y, sobre todo, que siempre ponga como prioridad el bienestar de los ciudadanos, sin importar en que parte del territorio se encuentren.
