La Ciudad tiene claro que acometerá los servicios extraordinarios de desinfección echando mano de las alternativas que ha propuesto la Abogacía del Estado: con medio propio, por emergencia o rescindiendo el contrato de Trace. El objetivo final, basado en la máxima transparencia, no es otro que acometer un beneficio para la salud pública de todos intensificando las labores de desinfección con motivo de la pandemia. Criterios de “operatividad” y “económicos” son los que priman y se optará por la decisión que sea mejor, buscando el consenso y eligiendo la “más transparente”.
Así lo dejó claro ayer la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Kissy Chandiramani, en una exposición clara sobre los hechos, en los que no evitó pregunta alguna en torno a los pasos que se deberán seguir tras el conocimiento del informe de la Abogacía. Salidas jurídicas existen, se analizarán y se elegirá la más adecuada porque la decisión de acometer estos trabajos extra no fue algo gratuito, que persiguiera algún fin ajeno al interés general, sino que ha sido siempre el de garantizar un servicio adecuado a lo extraordinario que supuso la llegada de la pandemia y sus posteriores consecuencias. La propia Chandiramani concretó en su comparecencia oficial que los pasos que se vayan a dar serán conocidos y consecuentes a una realidad radicalmente distinta a la que habíamos conocido e imprevisible, que llevó a la adopción de medidas explicadas de manera clara, aunque habrá quienes querrán seguir reclamando otras para extender la sospecha.
