La mayor parte del parque inmobiliario de vivienda de titularidad pública, en Ceuta, está destinada a la venta según los datos que ha ofrecido este jueves el Ministerio de Fomento. En un boletín especial del Observatorio de Vivienda que publica el Gobierno, señala la escasez de viviendas sociales, es decir, aquellas entendidas como viviendas de titularidad pública en alquiler a precios limitados.
Según los gráficos que adjunta Fomento, se aprecia cómo del parque inmobiliario de Ceuta, que no llega a las 10.000 viviendas, la gran mayoría se orienta a la venta. Un pequeño porcentaje se establece en régimen de arrendamiento. Las otras dos autonomías con mayor proporción en este tipo de vivienda son Castilla y León y Andalucía, respectivamente, con parques inmobiliarios más amplios que el disponible en nuestra ciudad.
Así, la inversión en vivienda por ayuntamiento muestra que en el caso de Ceuta se destinan unos 35 euros por habitante. Un gasto solo por encima de los que se realizan en Murcia, Melilla, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En el otro extremo, Navarra que llega a gastarse 102,6 euros por ciudadano.
Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda
Todo se enmarca en el contexto del anuncio realizado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de la apertura del trámite de consulta pública de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda.
Ábalos ha recordado que, desde su llegada al Ministerio, la Agenda Urbana y la Vivienda “son una prioridad y que se verían reforzadas dentro de nuestras prioridades políticas”, dado que en los últimos años “ha sido abandonada o, incluso, se daba una auténtica marcha atrás con, por ejemplo, operaciones de venta de vivienda social a fondos que anulaban su carácter social y perjudicaban a muchas personas en una situación vulnerable”.
Por ello, el ministro ha concluido que “esto no puede volver a ocurrir. Debemos hacer autocrítica como país y dar una vuelta profunda a la cuestión de la vivienda social. Porque algunos de los problemas que vemos hoy derivan de decisiones que se tomaron hace años o décadas”.
En este sentido, la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda responde a la necesidad de dotar al derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, de una norma con rango de Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio efectivo en todo el territorio.
Esta apertura de la consulta pública previa, invita a asociaciones representativas, colectivos sociales, agentes públicos y privados y al conjunto de la sociedad a formular aportaciones al contenido de una ley, entre cuyos objetivos destacan los siguientes:
- Regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general.
- Blindaje de la función social de la vivienda.
- Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda.
- Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible.
- Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia.
- Transparencia e información en las operaciones inmobiliarias de vivienda.
Asimismo, la futura ley forma parte de un marco de acción en materia de vivienda que, entre otras metas, persigue ampliar la oferta de vivienda social en España, sumándose al desarrollo de varias medidas que el Ministerio está implementando y en las que está trabajando, como, por ejemplo:
- El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
- El Plan 20.000 viviendas en alquiler social o asequible.
- Las medidas orientadas a crear un entorno favorable para la promoción de vivienda en alquiler a precios asequibles.
- El Plan de Rehabilitación y Renovación Urbana Sostenible.
- El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE
Además, va en la línea ya marcada por todas las medidas que se han implementado en estos meses como consecuencia del coronavirus, protegiendo y haciendo posible que los ciudadanos no vean menoscabado su acceso a una vivienda digna y adecuada.
