Plena inclusión, como representante de 935 organizaciones que apoyan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (autismo, parálisis cerebral, otros) y a sus familias y de más de 17.000 personas que viven en recursos residenciales en toda España, advierte que las nuevas medidas establecidas en recursos sociosanitarios por el Gobierno y las comunidades autónomas, deben considerar encontrar el equilibrio entre las medidas de seguridad y el derecho de las personas a disfrutar de una vida autónoma y significativa, así como, garantizar los recursos que hagan posible su implementación.
El documento de referencia [puede consultarlo aquí] contempla 11 medidas y 3 recomendaciones y se enmarca en el acuerdo nacional de sanidad pública, que ha sido puesto en marcha el pasado 14 de agosto, ante los rebrotes del COVID-19 en diferentes partes del país. Entre estas medidas de forma genérica se decreta volver a limitar al máximo las salidas de los residentes en centros sociosanitarios, sin ninguna especificación y sin considerar las lecciones aprendidas en la primera fase de la crisis sobre aislamientos y deprivación social severa y la falta de recursos extra para su despliegue.
Ante esta realidad, se considera que en esta segunda oleada de contagios se están tomando medidas parciales que restringen, en una primera estancia, a una parte importante del colectivo de personas con discapacidad y personas mayores, por las características y situación de convivencia dentro de los centros residenciales, ya que estas medidas no son de aplicación cuando viven en sus propios domicilios. Y no se aportan respuestas que garanticen y favorezcan su calidad de vida.
La experiencia de los últimos meses ha puesto de manifiesto que las consecuencias para la salud de la COVID-19 están vinculadas a las características y dificultades sanitarias, pero también y de forma muy relevante, a los entornos y modelos de servicios masificados, y no solo a grupos poblacionales concretos.
“Es por esto, que consideramos que las restricciones deben estar claramente delimitadas, de modo que se usen las medidas menos intrusivas para proteger la salud pública (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2020) y alternativas de alivio y enriquecimiento social y emocional, evitando reclusiones sin medidas compensatorias”, señalan en un comunicado.
Propuestas de Plena inclusión ante los rebrotes
En concreto, desde Plena inclusión reclaman un plan de refuerzo estatal que entre las medidas y planes de respuesta ante posibles rebrotes en residencias incluyan:
· Sistemas de apoyo y supervisión que garanticen el respeto a la dignidad y derechos de las personas incorporando en los protocolos y planes de contingencia medidas de alivio personalizadas que aseguren el bienestar emocional y psíquico de las personas con discapacidad intelectual en residencias.
· Reforzamiento de la coordinación socio sanitaria. Protocolos de atención sanitaria para personas con discapacidad intelectual, personas con trastornos del espectro autista y otras discapacidades del desarrollo. Accesibilidad cognitiva, personal formado, espacios adecuados.
· Financiación del aumento de plantillas, de forma que la atención a las personas no se vea mermada y estén preparadas para afrontar una fase crítica.
· Financiación para los test que se deben realizar y para los equipos y materiales de protección.
· Desarrollo de un plan de refuerzo para facilitar medios tecnológicos que permitan a las personas residentes en situación de aislamiento mantenerse en contacto con sus familiares y personas significativas.
· Financiación de obras y reformas para la modificación de espacios, aumentando su seguridad y facilitando las medidas de protección para la reconfiguración y sectorización de espacios y unidades de convivencia.
· Facilitar información accesible y comprensible para que la persona comprenda la situación que está viviendo y la necesidad de tomar determinadas medidas de seguridad.
Plena inclusión, insiste en que los planes que se desarrollen deben contemplar realizar un análisis de riesgos personalizado, así como planes de actividades personalizados minimizando los posibles riesgos que conlleve y priorizando los apoyos que requieran con la participación y protagonismo de las propias personas.
Además, garantizar la relación de la persona con su familia y personas significativas, promover la participación de la persona, y de su familia, en la toma de decisiones que afecten a su vida, facilitar información accesible y comprensible, y establecer garantías para los equipos de apoyo.
