UDCE ha anunciado que llevará al Tribunal de Cuentas la adjudicación del plan de residuos al considerar que se ha cometido una ilegalidad. El principal partido en la oposición presentará su denuncia ante la sección de enjuiciamiento criminal, la misma a la que remitieron la denuncia por el ‘caso Gobernación’, relacionado con las facturas por obras en el cuartel de la Policía Local y Bomberos.
El portavoz de UDCE, Mohamed Alí, ha denunciado que podría estarse ante un caso de “enriquecimiento injusto” y ante una posible “prevaricación” por parte de la ciudad, tras la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del reconocimiento extrajudicial de deuda a favor de ISR por la elaboración del Plan Integral de Gestión de Residuos con un importe de 70.000 euros.
“El citado Plan, elaborado a dedo por la empresa ISR, y abonado mediante la fórmula del reconocimiento de deuda, implica en primer lugar la celebración al menos de una contratación verbal que no era de emergencia, supuesto éste único donde la Ley de Contratos del Sector Público permite tal procedimiento. Una emergencia que ni se acredita ni se establece como criterio y/o argumento para el posterior reconocimiento de la deuda, sino que se emplean motivos para su justificación como la no existencia de personal propio para realizar dicho trabajo; un dato que se conoce desde el primer momento y que, en consecuencia ni da validez a la emergencia ni a la propia inexistencia de personal especializado”, denuncia Alí.
Pero hay más. Para el portavoz de UDCE “la aprobación de la deuda implica que el Gobierno ha empleado un procedimiento irregular de adjudicación para legalizar lo ilegalizable, produciéndose así un enriquecimiento injusto. Debemos recordar que este tipo de proceder ya ha sido denunciado por este Grupo ante el Tribunal de Cuentas, por lo que parece haberse convertido en la praxis habitual de este Gobierno en otras parcelas de responsabilidad como es el ICD. De seguir actuando así el Gobierno, nos podríamos encontrar con algo tan grave como la no aplicación de los procedimientos de contratación mayor que regula la Ley de Contratos y que está vulnerando claramente. De tal forma que la adjudicación de contratos estaría única y exclusivamente sujeta a criterios de arbitrariedad”, señala.
Para la UDCE se está ante la presencia de un “contrato verbal, que es nulo de pleno derecho, dado que se ha omitido la consignación y el procedimiento legalmente establecido (art. 62 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común)”.
