La gestión del servicio público de explotación de la planta de transferencia de residuos del Monte Hacho que el Gobierno de Ceuta adjudicó definitivamente el 4 de agosto de 2010 a Urbaser se quedará fuera de contrato dentro dos semanas, cuando se cumplirá la vigencia de una década como máximo que contempló la última licitación, por seis años extensibles con sendas prórrogas de dos años cada una.
Fuentes del Ejecutivo local han apuntado que en el Gobierno de la Ciudad “se está trabajando” para darle una solución definitiva al servicio, que entrará en una situación parecida a la del transporte público de pasajeros en autobuses urbanos y otros no sacados a concurso y readjudicados a tiempo.
El servicio fue licitado en 2009 por un importe de 33,6 millones (a razón de 5,6 cada ejercicio) y finalmente fue encomendado a Urbaser por 27,2.
Esa empresa se benefició de la primera prórroga contemplada en los pliegos con Emilio Carreira al frente de la Consejería de Medio Ambiente. Fernando Ramos firmó la segunda en 2018.
De acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, la explotación de la planta no tiene por qué sufrir contratiempos y podrá mantenerse en manos de Urbaser hasta que se produzca la licitación pendiente. Yamal Dris iba a llevar este tema al Consejo de Gobierno del 3 de julio, pero retiró el punto del Orden del Día a última hora.
Recibir y trasladar las basuras de Ceuta para su tratamiento
El contrato de la planta de transferencia cubre con unos 4,5 millones de euros al año, la cantidad por la que se adjudicó hace una década, el servicio de “todas las operaciones a realizar desde la recepción y acondicionamiento de los residuos urbanos” en la infraestructura del Monte Hacho “y el transporte marítimo-terrestre de estos a la Península para su posterior tratamiento en instalaciones debidamente autorizadas”.
La Administración calculó en 2010 que Urbaser trataría cada ejercicio alrededor de 44.000 toneladas de basuras al año excluida totalmente la admisión de escombros de construcción y otros inertes, neumáticos, residuos tóxicos y peligrosos, despojos animales, residuos hospitalarios y restos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros materiales que tienen su propio circuito de gestión específico.
