La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige una reunión urgente a los Ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar "el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios a este último departamento". El sindicato ha recibido centenares de llamadas entre ayer y hoy de personal funcionario preocupados por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones (657.118 pensionistas a marzo de 2020).
"Y es que el Gobierno ha aprovechado el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por el Covid-19 para modificar de extranjis la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo", denuncian los sindicalistas.
En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para" intentar frenar este traspaso", mediante la tramitación del decreto como proyecto de Ley, con el fin de que se pueda eliminar esta modificación.
Si prospera este Real Decreto Ley la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, pasa a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas, de una forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera durante un breve periodo transitorio, explican en un comunicado de prensa desde Csif.
Por otro lado, la competencia para el reconocimiento de sus pensiones corresponderá, según el sindicato, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que pasa a ser la entidad gestora competente para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas. El complemento por maternidad pasa a depender asimismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de su Tesorería General.
"La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva", apostillan.
Los que tienen que estar preocupados son los obreros y demás ramas, y no los funcionarios que de una manera u otra están aseguradas sus pensiones. Asín que menos llorar y más trabajar.