El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta acordó ayer instar al Ministerio de Educación y Formación Provisional (MEFP) que dirige Isabel Celaá a que “desarrolle normativamente” el principio recogido en la LOMCE que atribuye a maestros y profesores la condición de “autoridad pública”, tal y como ya han hecho las Comunidades Autónomas con competencias legislativas.
Los representantes de FeSP-UGT, FECCOO, CSIF y ANPE recordaron, no obstante, que la concreción práctica de ese rango reporta presunción de veracidad y un reproche penal agravado en caso, por ejemplo, de agresiones, pero “no tiene nada que ver” con los protocolos policiales y judiciales que se siguen en casos como los que se han registrado recientemente en la ciudad con dos docentes denunciados por presuntos abusos sexuales, por las condiciones de cuyos arrestos se ha desatado una fuerte corriente de crítica a la “vulnerabilidad” en la que se sienten maestros y profesores en el ejercicio de su cometido frente a posibles “denuncias falsas”.
Al margen de lo recogido en la LOMCE, la reforma del Código Penal implementada hace cinco años también estableció que “se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.
Andalucía era otra de las regiones que desde la aprobación de la ‘ley Wert’ no había desarrollado su contenido, pero tras la llegada al Consejo de Gobierno de la Junta del PP y Ciudadanos (con el respaldo parlamentario de Vox) hace menos de un año se aprobó el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado cuyo borrador inicial recoge cuestiones como la consideración de autoridad pública, la presunción de veracidad, la asistencia jurídica y psicológica, el fomento de la convivencia en los centros, la promoción del valor social de la profesión docente, el deber de colaboración de las familias y principio de responsabilidad y la reparación de daños por quienes incurran en agresiones a los profesores.
Los presuntos abusos, en fase de análisis informático
Las diligencias incoadas con dos maestros de Educación Física de la ciudad en calidad de investigados tras ser denunciados por presuntos abusos sexuales sobre alumnas en los colegios públicos en los que trabajaban están actualmente pendientes del análisis que las unidades especializadas de la Policía Nacional deben realizar de los equipos informáticos intervenidos a ambos, según indicaron ayer fuentes judiciales. El primer arrestado pasó una semana en prisión y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza con otras medidas cautelares. El segundo quedó libre con cargos al día siguiente de su detención.
