El Pleno de la Junta de Personal Docente debatirá en la reunión que celebrará esta tarde en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) la “inquietud” extendida entre el colectivo de maestros y profesores de la ciudad por la detención de dos de sus miembros acusados de presuntos abusos sexuales y la conveniencia de instar a la Administración a desarrollar en su territorio de gestión el principio que recoge la LOMCE del reconocimiento de la autoridad pública.
Según recordó ayer el presidente del órgano, Francisco Lobato, en declaraciones a este periódico, la aspiración de gozar de ese rango, que concedería principio de veracidad a los docentes en su desempeño profesional y mayores penas en caso de agresiones, forma parte de un debate “que se abrió hace aproximadamente diez años” ante la proliferación de agresiones físicas a los docentes.
“Una de las pocas cosas buenas que trajo la LOMCE fue, en su artículo 124, el principio de que ‘los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública”, recordó el ugetista. La norma establece, además, que “en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad ‘iuris tantum’ o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, pueda señalar o aportar el alumnado”.
Ceuta y Melilla también se han quedado atrás en este ámbito porque, mientras las Comunidades con potestad legislativa han desarrollado ese marco, el Ministerio no lo ha hecho.
FeSP-UGT, FECCOO, CSIF y ANPE quieren debatir si podría ser una medida eficaz para paliar la “vulnerabilidad” que denuncia sentir el profesorado local después de las actuaciones policiales y los procedimientos judiciales abiertos, así como si asumir la necesidad de instar al MEFP a dar pasos en esa dirección.
“Lo cierto es que existe una inquietud y en la Junta de Personal debemos ser conscientes de ella y estudiar la forma de responder de la mejor forma posible”, valoró Lobato.
En paralelo y al margen de los sindicatos, en el colectivo docente se ha impulsado la constitución de una especie de “plataforma” que aproveche el viento a favor generado por la “unidad” forjada por los arrestos de los dos maestros de Educación Física denunciados.
Entre sindicalistas liberados y los que están ocupando plazas en la DP podrían los institutos reforzar su plantilla y no tener que engañar a la ciudadanía, han aprobado unas oposiciones para impartir clases no para desarrollar otra actividad que pertenece a la Age.
Solidaridad con las menores de 4 años
Ojalá caiga todo el peso de la ley contra los culpables