El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha exigido este martes a la Ciudad a garantizar el pago de las nóminas de los empleados de las empresas municipales, cuya presidencia “ostentan” algunos de los viceconsejeros cesados por Juan Vivas.
Al ser cesados, explica la formación, “se les ha dado de baja en todas las aplicaciones de la administración local no pudiendo acceder a la firma digital para autorizar el pago de las nóminas de las empresas de las que sí siguen siendo Presidentes”.
El MDyC achaca este hecho, que puede afectar a los pagos regulares de las nóminas, a la “falta de planificación” de la Ciudad. “Incapaz de afrontar la realidad de nuestra administración local, provoca que se produzcan desajustes en los que ningún miembro de su Corte de los Milagros piensa, encontrándonos en que quienes tienen firma para autorizar los pagos, no pueden hacerlo al no ser personal del Ayuntamiento y no poder acceder al programa GRETA para autorizar los pagos”, dice el partido.
Por este motivo, la exigencia del MDyC se centra en que Vivas “asegure” el pago de las nóminas a los trabajadores de las empresas municipales en las que los ceses han supuesto la rescisión del puesto como presidente de los despedidos.
El anuncio de los ceses lo hizo el portavoz del gobierno, Alberto Gaitán, el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cesando a los siete que habían sido nombrados, pero cuya legitimidad se ha puesto en duda tras la sentencia del Tribunal Supremo que a mediados de este mes se daba a conocer y que determinaba que todos los cargos del Gobierno debían ser electos. De esta forma se acataría la sentencia del Tribunal, dejando fuera de esta fórmula a los viceconsejeros.
En cuanto al futuro de estos siete viceconsejeros ya cesados, Gaitán fue reticente a ahondar en si todos ellos serán reubicados bajo otra figura jurídica, como se dio a entender la semana pasada, cuando se conoció el dictamen del tribunal. No obstante, informó que, en este momento, el Ejecutivo se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración al que se ha visto obligado para evitar que el funcionamiento de la Ciudad se debilite.
