La elevada deuda que mantendrían con el anterior abogado responsable de llevar sus casos habría provocado que éste abandonara y que tengan que buscar quien les asesore.
La Policía Local está actualmente registrando serios problemas para encontrar asistencia letrada para los juicios que tienen pendientes y los casos que van surgiendo. Tal y como informaba ayer este medio, los agentes se han tenido que buscar otros abogados ya que el que tenían lleva sin percibir los abonos desde hace tiempo, concretamente desde el año 2007, estando las minutas paralizadas por problemas en Intervención y, mientras tanto, ellos sin defensa. La deuda que la Consejería de Gobernación, responsable del presupuesto de la Policía Local, ha adquirido con el referido abogado rondaría los 50.000 euros en total, según han informado fuentes cercanas.
El único acuerdo que se ha adoptado hasta el momento en relación con esta problemática consiste en que cada agente de la Policía elija al abogado que quiera. El problema es que, según han informado fuentes cercanas a la Policía Local, los bufetes a los que se han dirigido estarían pidiendo unas provisiones económicas previas a la contratación, es decir, una especie de fianza como garantía de que se les pagará como medida preventiva frente a una posible situación de impago.
Desde los sindicatos lamentan que exista un fondo económico destinado al pago de la asistencia letrada y que no se haya usado para cubrir este tipo de gastos. Según datos estimatorios, la cuantía anual del citado fondo podría rondar los 30.000 euros anuales y los policías se preguntan a qué se habrá estado dedicando este dinero si no se ha usado para pagar al abogado que les representaba. Este hecho está provocando la indignación de los policías porque hay personas con juicios pendientes que se han quedado sin la asistencia de un abogado y están sufriendo problemas para encontrar otro letrado. “Es una situación muy complicada y que crea una gran impotencia porque la mayoría de los juicios a los que nos enfrentamos son consecuencia del desarrollo normal de nuestra actividad profesional”, aseguraron fuentes sindicales.
