Imaginen que un grupo de ceutíes montan una marcha pacífica desde la frontera a la plaza de los Reyes para protestar por una ordenanza municipal legamente aprobada, y que en el transcurso de esa marcha incendian contenedores, rompen escaparates, cortan la carretera y nos impiden llegar al hospital. Mientras el presidente de la ciudad comparece para decir que no pasa nada, que todo volverá a estar bien porque el gobierno actuará con firmeza; pero la algarada no para de crecer… Pues ese es exactamente el escenario que tenemos: un presidente en funciones que solo se representa a sí mismo y a sus intereses políticos y que no piensa mover un dedo para volver a la normalidad democrática en Cataluña, y el resto de España, mientras ello le suponga la retirada del apoyo del independentismo y el radicalismo político con el que cuenta para una futurible formación de gobierno tas el 10-N, y mientras siga ostentando gobiernos territoriales con este mismo aliento.

El art. 30 de la Constitución establece que todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender España por razones de interés general, en particular para la defensa del país con motivo del acaecimiento de graves supuestos. El presidente del gobierno cree que no hay razón para defender al país y a su población del caos y el peligro físico y legal en el que se ha situado Cataluña, especialmente en estos últimos días. No es de recibo que aquel que ostenta la dignidad de representar a todo el pueblo español se limite a poner en marcha la calculadora electoral mientras la violencia se apodera de una parte del territorio nacional. Porque es cierto que ellos tienen derecho a manifestarse por aquello que no les guste, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo; porque el resto de españoles catalanes que no se manifiestan tiene derecho a coger un avión, a llegar a un hospital para dar a luz, o a recibir clases en la universidad. Debe ser que el Sr. Sánchez piensa que esos derechos son menos importantes que el de querer bloquear el estado; porque eso es lo que quieren los radicales independentistas y no protestar pacíficamente contra una sentencia dictada, dicho sea de paso, con todas las garantías.

Mientras el gobierno secesionista catalán sujeta al gobierno del país por el cuello, y por tanto a todos los españoles, nuestro presidente se limita a decir de continuo que actuará con firmeza democrática y unidad, ¿unidad con quién?, Si después de una ronda de consultas con los líderes de la oposición no ha aceptado ninguna de las medidas que éstos le ofrecen… ¿La firmeza consiste a irse a cenar a un bar de moda de Madrid, como hizo el Ministro del Interior, mientas una manifestación de exaltados a pocos metros de allí pretende tomar el Congreso de los Diputados?. ¿De verdad los españoles no queremos terminar con esto de una vez? ¿Le cabe alguna duda a alguien de la inoperancia de este gobierno que no ha resuelto ni uno de los grandes problemas del país? ¿De verdad los españoles queremos seguir teniendo al frente del ejecutivo a alguien que ostenta el terrible récord de haber sido el único presidente de la democracia rechazado por el Congreso en dos ocasiones?

Es evidente que a menos de un mes de unas elecciones generales el Gobierno no va a hacer nada que pueda menoscabar el infame apoyo que necesita para gobernar España de aquellos que quieren romperla, por lo que solo nos queda seguir confiando en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que incluso a mordiscos seguirán protegiendo a los españoles en cualquier parte del territorio nacional, y en el Poder Judicial, único poder del Estado que cumple con su deber últimamente, más el Tribunal Constitucional. También nos queda otra solución, bastante más sencilla, como es impedir que el PSOE siga gobernando contra los intereses generales de todos los españoles, haciendo uso de la auténtica fortaleza de cualquier democracia: el derecho al voto para echar del poder a quien de forma indigna pretende ejercerlo en su propio beneficio. Votar el 10 de noviembre se ha convertido en el único instrumento viable para defender la democracia y el Ordenamiento Jurídico español.