El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta (Ingesa) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han reactivado los trabajos para el desarrollo del Protocolo general de actuación sobre asistencia sanitaria, trasplantes de órganos, formación e investigación. Así lo ha asegurado este lunes el director del Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios, y la directora de Recursos Humanos del SAS, Pilar Bartolomé.
Este protocolo fue suscrito entre el SAS, el Ingesa y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) el pasado enero. Su desarrollo consiste, entre otros aspectos, en concretar los distintos procedimientos de derivación de pacientes a los centros hospitalarios andaluces desde el Ingesa, así como otras colaboraciones en materia de formación, docencia, investigación, tecnología, etc.
“En los próximos meses, esperamos avanzar definitivamente para que la ciudadanía de Ceuta y de Melilla siga teniendo la mejor oferta asistencial en materia sanitaria ya sea en los centros de nuestras ciudades autónomas o en los centros sanitarios de la red andaluza que vendrán a completar la asistencia especializada necesaria”, expresó el director del Ingesa en las I Jornada Neuroquirúrgica celebradas en el Hospital de Melilla.
Quejas de los sindicatos médicos
Este anuncio llega un día después de que sindicatos médicos de Ceuta y Melilla mostraran su pesar "por la renuncia de la ciudadanía ceutí y melillense a ejercer un derecho tan transcendental, como el de la exigencia pública a los gobernantes de los sucesivos gobiernos españoles, de garantizar una sanidad digna”.
También expresaron la “pesadumbre por la inexistencia de presión política por parte de los diferentes grupos políticos de ambas asambleas autonómicas, hacia el Gobierno central, para intentar mejorar los recursos humanos, estructurales y funcionales de nuestras áreas sanitarias, independientemente de que la competencia no esté transferida”.
Los sindicatos médicos de Ceuta y Melilla se reunieron en la última semana en el marco de una colaboración que mejore la calidad sanitaria de los ciudadanos de ambas ciudades autónomas.
