La concentración que llevaron a cabo los trabajadores del catering del CETI ayer ante la Delegación del Gobierno no debería de pasar inadvertida para las autoridades. Se trata de un conflicto laboral, quizás algo común para algunos en los tiempos que corren, pero es un reflejo de lo que las administraciones deberían evitar.
Sin entrar en materia si la empresa cumple o no, lo cierto es que algo está pasando y hay una verdad probada: los trabajadores no están cobrando en tiempo y forma.
Sin embargo, no es el único aspecto que le debería preocupar a la Administración estatal, que es la que controla el funcionamiento de este centro. Los mismos trabajadores denuncian que los menús que se dan a los inmigrantes no son de calidad. El escaso presupuesto que reciben de forma parcial para la compra de materias primas deben estirarlo como lo hacían las familias en crisis. Eso significa género barato en detrimento de los alimentos con nutrientes.
Y es que cuando el bolsillo aprieta, la pasta y el arroz prevalecen frente a la carne o el pescado. Una situación que no es apropiada, ya que esa concesión del servicio se otorgó bajo unos mínimos de calidad que no se están cumpliendo.
Los perjudicados no sólo son los residentes, que con razón se quejan de la comida, sino también los trabajadores, que sin culpa deben soportar las quejas y las críticas siendo ellos también víctimas del problema.
