La oposición espera que esta norma sirva para mejorar la información que reciben por parte de los dirigentes.
El Consejo de Ministros aprobará en breve el anteproyecto de la Ley de Transparencia que pretende garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información de los poderes públicos, según han asegurado fuentes del Ejecutivo en diferentes medios. En el caso de la Ciudad, que tiene al menos una reclamación que está siendo gestionada por el Defensor del Pueblo por su silencio administrativo entre otras cuestiones, se antoja una normativa muy interesante. El texto que se va a aprobar responde a un compromiso electoral que asumió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2008, para “profundizar, ampliar y fortalecer los derechos de la ciudadanía”. La Ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la información permitirá, entre otras cosas, que los propios habitantes controlen la gestión de las administraciones públicas a través de un procedimiento ágil, transparente y accesible. Precisamente este punto viene a cumplir con una de las mayores reivindicaciones de la oposición ceutí, que espera que “esta ley sirva para que los trámites se agilicen realmente y se facilite una información completa y veraz”. De esta forma tan cruda y sincera expresaba el máximo representante del partido UDCE, Mohamed Ali, su visión sobre esta nueva norma. Las quejas sobre la falta de transparencia del Ejecutivo local y los problemas para recibir la información que piden han sido una reclamación constante durante toda la legislatura. “A veces hemos pedido una serie de cosas y sólo se nos ha facilitado una parte de la información, de forma interesada, y con la ausencia de algunas cosas que entendíamos como fundamentales”, aseguró el portavoz político.
El motivo de que desde la oposición se celebre la posible aplicación futura de esta ley es que “en torno a la información que maneja la Ciudad existen muchos intereses de diversos tipos”, lo que en ocasiones provoca que no se facilite con completa libertad.
Entre otras cosas la norma permitirá auditar el uso del dinero público y solicitar datos como desde la media de horas que trabajan los asesores en un ministerio hasta los gastos de protocolo hasta informaciones estadísticas. Para que el derecho a la información sea efectivo, el anteproyecto de ley establece que las demandas de información, que se contestarán por escrito, deberán estar resultas en un plazo de 30 días, prorrogables hasta 60 en casos muy concretos.
Con esta nueva normativa, el Gobierno pretende que los ciudadanos puedan conocer cómo actúan las administraciones públicas para controlarlas, detectar los malos funcionamientos y mejorar así la calidad de la gestión pública, además de acabar con el “silencio administrativo” y la corrupción. “Todo esto es básico en democracia y es una lástima que haya que hacer una ley para regular algo tan esencial”, aseguró Ali.
