Un informe oficial suscrito por el arquitecto técnico José Antonio Piris ratifica “el buen estado” en que se encuentra el local ocupado por el bingo Abyla, en la calle General Aranda.
El informe, al que ha tenido acceso ‘El Faro’, contradice la declaración de ruina que el área de Fomento publicaba, hace unas semanas, en el BOCCE y desvela el porqué de dichas conclusiones que el grupo CEBINGO tilda de erróneas.
El informe se ha remitido ya, a modo de alegación, a la Consejería de Fomento y en el mismo se incluyen todas las respuestas a las tesis mantenidas por la promotora Grupovi que tiene planteado construir en la zona un edificio residencial y que defiende que el edificio que se quiere derribar está en ruina.
El presidente de CEBINGO, Pedro Serrán Pagán, informe en mano, mantiene que esas conclusiones “no son ciertas” y “adolecen de una mala información técnica por errores que se han comprobado y presunta mala intención para crear un mal ambiente en especial a los jugadores que diariamente van a la sala de Bingo”, apunta. Serrán Pagán aclara que “nuestra Sala está en perfectas condiciones, al igual que algunos pisos del edificio”, en donde todavía residen familias que han optado por no marcharse, lo que frena el derrumbe de todo el solar y, por tanto, la construcción de la promoción residencial planteada.
En el informe el arquitecto técnico alude a la “intención” del propietario del solar “de declarar la ruina total del inmueble para”, así, “obtener un solar libre de gravámenes y evitar los posibles gastos de desalojo de los inquilinos y cierre de locales comerciales”. Ahí precisamente estaría la clave, en la necesidad de provocar una salida por la vía rápida del bingo forzando la declaración de ruina.
Además de este informe CEBINGO dispone de otro documento notarial, fundamentado en fotografías, que “acreditan” la “realidad del local de negocio y del edificio”. Para Serrán Pagán es más que evidente la intención de generar un mal ambiente para que los afectados que aún persisten en el solar sean expulsados sin compensación alguna. “Nosotros tenemos un local comercial enorme que alberga un negocio con autorizaciones oficiales del Ministerio del Interior y de la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con doce empleados fijos y que el tener que trasladar nuestro negocio a otro local nos costaría más de 700.000 euros debido a que las normativas actuales para la apertura de una Sala de Bingo son muy estrictas, especialmente en lo que se refiere a insonorización, extracciones de humos, sistemas informáticos de comunicación al cliente, exigencias sanitarias y de seguridad, etc. además de los puestos de trabajo mencionados” que estarían en peligro.
Las claves del informe
Intencionalidad:Daños sobre la cubierta provocados
Tras el análisis del estado del bingo Abyla, que ocupa una parte baja del edificio que era propiedad de la familia Alcántara, se concluye que ofrece las “perfectas condiciones” para que los clientes puedan estar en el interior de la Sala sin peligro alguno. Se añade además que los daños ocasionados sobre la cubierta han sido “intencionados”. La cubierta no da a vivienda alguna sino que forma parte de un antiguo garaje por lo que cualquier piedra que cayera debe haber sido arrojada por alguna persona para causar daños en la cubierta con tal de forzar una declaración de ruina.
Petición Medidas cautelares
En el informe se indica la necesidad de adoptar medidas cautelares de protección del edificio llevándose a cabo de manera urgente la reparación de la cubierta del bingo, además de su limpieza y mantenimiento.
Estado del edificio:En perfecto estado
Según se hace constar en el informe que ahora está siendo estudiado por el área de Fomento a través de su departamento de Urbanismo, el edificio ubicado en Alcalde Fructuoso Miaja, que comprende una de las salidas del bingo, está en buen estado, “si bien”, recalca, “las demoliciones que intencionadamente de forma no constructiva que se han realizado en la cubierta podrán afectar a la seguridad y estanqueidad del edificio”. Se deja claro que estas acciones se han podido llevar a cabo con “intención de provocar daños”, ordenándose la retirada de los cascotes arrojados.
