El organismo público ha enviado una carta al Gobierno Local en la que realiza la citada solicitud en base a la existencia de un procedimiento judicial y un parte médico.
El Defensor del Pueblo ha “sugerido” a la Ciudad Autónoma que incoe un expediente disciplinario a uno de los agentes de la Policía Local, miembro de la Unidad de Intervención Rápida (UIR), en base a una denuncia judicial formulada contra él. Así lo manifiesta el organismo público en una carta reenviada a los familiares de una de las supuestas víctimas de este agente. La agresión denunciada, y que ha dado origen a la denuncia judicial, tuvo lugar en el Poblado Marinero a finales de 2008 .
Según la misiva remitida al Gobierno Local se “formula la sugerencia” de que se proceda, de forma literal, “a dictar resolución expresa a las solicitudes formuladas por el interesado, de fecha 24 de noviembre de 2008 y 11 de mayo de 2009, así como a acordar, en su caso, la incoación del correspondiente expediente disciplinario, a la vista de la existencia de la denuncia judicial formulada por el perjudicado y de la existencia de las lesiones sufridas y denunciadas en su momento mediante la aportación del correspondiente parte médico”.
En la carta del Defensor del Pueblo se hace también referencia a una cuestión que ya denunciaron en su día los familiares de la supuesta víctima: la falta de respuesta a sus escritos. Desde la institución piden a los responsables locales que se dicte resolución respecto a las solicitudes formuladas por el interesado. El entorno del joven asegura que, hasta el momento, la Ciudad no ha respondido a ninguno de sus escritos y peticiones, ni positiva ni negativamente. Esto supone un vacío en la contestación institucional que está provocando en los implicados la sensación de que “no nos quieren atender”. Por otro lado, los propios familiares han asegurado que van a “seguir apoyando” al joven a pesar de “las presiones y las denuncias”. Creen que todo se debe a una estrategia para lograr que la víctima retire su denuncia y aseguran que intentarán que se hagan públicas las contradicciones de los agentes en sus declaraciones sea cual sea el fallo judicial para demostrar “cómo actúan los policías y cómo se han contradicho”.
