- "Sin ninguna pretensión de escarnio, sino como un acto de justicia y legalidad", aseguran en nota de prensa
El Sindicato de Policía Local de la FeSP-UGT de Ceuta lamenta que transcurridos cuatro meses desde que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta anulara la concesión de la Medalla al Mérito de la Policía Local al Superintendente Ángel Gómez, se haya visto "obligado a pedir la ejecución de la sentencia ante la inacción tanto del propio Ángel Gómez como de la Administración Autonómica".En una nota de prensa, el sidicato recuerda que "la sentencia era meridianamente clara y no fue recurrida por la Ciudad. El Juez de lo Contencioso-Administrativo, de forma taxativa, anuló la concesión de la medalla policial porque el ex-Superintendente no reunía NINGUNO de los requisitos. La sentencia se comunicó a las partes en el mes de mayo y desde entonces tanto el propio Ángel Gómez como la Ciudad han obviado su cumplimiento, obligándonos a tener que solicitar al Juzgado que la sentencia se cumpla en todos sus términos".Resulta lamentable, dicen desde la FeSP-UGT que hayan tenido que llegar a estos extremos de exigencia de cumplimiento de la Sentencia "a una Administración cuya premisa principal debe ser el cumplimiento estricto de la legalidad. De hecho, en la mayoría de los casos, se apresura a exigir de forma ejecutiva el cumplimiento de sentencias contra otros funcionarios cuando la sentencia le es favorable. Y por otro lado, creemos que al conocer la sentencia, simplemente por dignidad, el propio Ángel Gómez se tenía que haber apresurado a devolver la medalla, en lugar de hacerse el sueco. En estas cosas es donde cada persona demuestra su calidad".Por otro lado, aseguran que "resulta bochornoso que a preguntas de un medio de comunicación el señor Hachuel argumentase que tenía que leerse la sentencia antes de ejecutarla. Si el Señor Hachuel no ha tenido tiempo de leerse la sentencia en cuatro meses, ya que se la notificaron el pasado mes de mayo, cómo llevará los asuntos de su Consejería".La Unión General de Trabajadores, "ante la pasividad de los obligados a ejecutar la sentencia, va a exigir el cumplimiento de la misma en sus justos términos". Es decir, "la anulación por el pleno de la Ciudad, que fue quién la otorgó, así como la entrega física tanto de la medalla como del diploma correspondiente, sin ninguna pretensión de escarnio, sino como un acto de justicia y legalidad".
