La etiqueta MENA ha terminado por hacernos olvidar que se está hablando de menores y que, como tal, tienen ellos unos derechos y tiene todo país la obligación de protegerlos. A las instituciones de Ceuta nadie puede darles lecciones de no invertir recursos en ellos. Si bien la situación numérica hace desbordar cualquier situación, el Gobierno pone todos los medios a su alcance para atender a los menores extranjeros que son trasladados al centro de La Esperanza. Al margen quedan aquellos que rechazan la acogida y que, por ley, no pueden ser internados a la fuerza. En los últimos meses, coincidiendo con la mayor entrada de menores a Ceuta y Melilla, se ha reabierto el tema sobre el futuro de estos MENA. Es un debate necesario, que hay que abordar, pero sobre el que hay que adoptar posturas congruentes evitando las líneas interesadas y tremendistas que se explotan desde determinados sectores. El Gobierno pedirá a Madrid una mediación urgente para que, en el caso de no poder realizarse una devolución del menor a su hogar, este no permanezca en Ceuta más de tres meses. Es un debate con sentido puesto que es el mismo que se aplica con los inmigrantes adultos del CETI, que son trasladados la península. Si bien es cierto que muchas comunidades del país tienen un problema de presión migratoria infantil, en Ceuta y Melilla los condicionantes del territorio la hacen mayor. El Gobierno central debe empezar a adoptar medidas que aporten soluciones ante una situación que puede influir de manera negativa en la capacidad de reacción y trabajo que puede ofrecer la institución.
