Sin duda ha sido una de las noticias del año. El auto judicial relativo al ‘Caso Emvicesa’ ha sido el más esperado por los medios de comunicación y por las partes afectadas.
El germen del mismo lo convierte en un caso trascendental: porque se trata de esclarecer cómo se organizaba la política en materia de vivienda y con qué rigor se estaba procediendo en las adjudicaciones de casas que formaban parte de las promociones públicas. En un asunto de tanto peso en una ciudad como Ceuta -marcada por la carestía de vivienda-, cualquier conducta que se alejara del debido cuidado del patrimonio y recursos públicos debe ser castigada. Sin miramientos, sin medias tintas.
El fruto de la instrucción judicial es el auto de 38 páginas que resume las consideraciones de una juez que ha trabajado durante años bajo presión, que ha tenido que sortear zancadillas indignas porque han ido más allá de lo profesional.
Ahora les toca a las partes ofrecer sus conclusiones, iniciándose el turno de los recursos que apunta ser largo y complejo. Hay distintas estructuras y roles que caben ser diferenciados, ya que de las acusaciones por no tener cuidado o no desarrollar adecuadamente la fiscalización oportuna se pasa a otros de mayor peso como el cobro directo de dinero para, a cambio, preparar la entrega de una vivienda. El ‘Caso Emvicesa’ ha marcado un antes y un después, porque cuando se escriba su punto y final se habrá ya conseguido un giro político radical.
