El acusado aprovechó que era repartidor para obtener los aparatos y venderlos.
La magistrada del juzgado de lo Penal número uno ha dictado sentencia firme condenatoria contra un hombre acusado de cometer sendos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. La pena que se le impuso fue de dos años de prisión más el pago de 810 euros como multa (nueve meses a razón de tres euros). Además, la jueza decretó que el acusado tendría que pagar un total de 1692,24 euros en concepto de responsabilidad civil, es decir, como indemnización para las diferentes víctimas, en total cinco, de la comisión de este delito.
Los hechos por los que el acusado fue condenado tuvieron lugar en el verano del año 2008, concretamente durante los meses de junio y julio. Según el escrito de acusación, el hombre habría aprovechado su condición de repartidor para quedarse con cinco teléfonos móviles, algunos Nokia N371 y otros LG valorados entre los 135 y los 275 euros, y un módem para Internet. La defensa aludió que el acusado tenía sus facultades cognitivas mermadas debido a su adicción a las sustancias estupefacientes, lo que le valió la aplicación de una atenuante de drogadicción. Supuestamente, el hombre realizaba estos delitos para poder financiarse la compra de la droga. Durante la vista compareció uno de los damnificados, quien explicó que el acusado había utilizado una fotocopia de su documento nacional de identidad para realizar el pedido de una serie de aparatos electrónicos a Madrid por los que las empresas en cuestión le estaban reclamando e incluso le habían metido en el listado de morosos con las consecuencias que ello conlleva.
El acusado reconoció haber cometido los hechos que se le imputaban y, consecuentemente, se conformó con la pena que le ofrecía el representante del Ministerio Fiscal. Debido a ello se benefició de una considerable rebaja en las pretensiones acusadoras. Paralelamente, el acusado se declaró insolvente, por lo que la jueza le informó de que se le iba a investigar el patrimonio para comprobar si tiene bienes a su nombre, en cuyo caso le serían embargados.
Por otro lado, la magistrada le concedió el beneficio de poder pagar la suma total de la multa y las indemnizaciones a plazos. Para ello fijó doce plazos de 208,52 euros y le advirtió sobre las consecuencias de no efectuar los correspondientes abonos. Asimismo, y tras consultar con las partes implicadas, la jueza decretó la firmeza de la sentencia.
