El cupo está pendiente de la distribución entre las ciudades autónomas así como por especialidades. Los sindicatos critican el recorte de las 97 solicitadas por Educación.
Ya han consumido los calificativos para describir la Oferta de Empleo Público 2010, OEP, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, en el capítulo de Personal Docente en el ámbito de la Administración General del Estado. Mientras que el Ministerio de Educación había solicitado 97 plazas para profesores de Educación Secundaria y de Formación Profesional, la propuesta que el Ministerio de Presidencia ha aprobado asciende a sólo 10 plazas apelando a la austeridad. Sin embargo, la distribución de las mismas entre Ceuta y Melilla o por especialidades se decidirá próximamente.
Cientos de opositores que llevan años estudiando para presentarse a las pruebas se sumarán a los ya interinos, de modo que podrían ascender a 600 los aspirantes, según las estimaciones de los sindicatos pese a que la cifra definitiva es desconocida hasta que se convoquen los exámenes. Aunque, en función de las especialidades que primen en el próximo concurso, el número podría variar sustancialmente. “He estado en contacto con el director provincial para anunciarle que, para esto, mejor que no haya nada”, lamentó Francisco Lobato, secretario general de FETE-UGT, quien insistió en que para “quedar bien ante la opinión pública que no saquen nada”.
Esta propuesta no sólo supone el “incumplimiento” de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de los Acuerdos alcanzados en el Diálogo Social de las Administraciones Públicas, denuncia de forma pública la Federación de Enseñanza de CCOO, sino que además por el “absoluto desconocimiento” que atribuye al Gobierno sobre la especificidad de de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Esta central recuerda que el sistema educativo ceutí sufre de un significativo índice de fracaso escolar y abandono temprano de la escolarización; tiene una tasa de interinidad y unas ratios de los “más altos de todo el Estado”, sin olvidar la situación de “indefensión e incertidumbre” en la que queda todo el personal interino así como aquellas personas que aspiraban al próximo proceso selectivo ante las “promesas de reducción de la temporalidad” con ofertas de empleo público “amplias y de mejora” de los servicios públicos básicos y esenciales.
Con la aprobación de la LOE, en su transitoria decimoséptima, el Gobierno se compromete, en los cinco años en los que transcurre esta ley, a reducir el porcentaje de interinos para que ese número elevado se convierta en personal definitivo, recuerda Lobato. En los últimos tres años, señaló Lobato, la OEP resultó “amplia”, sin embargo, este año ha sufrido un importante recorte.
La Federación de Enseñanza de CCOO advierte al Gobierno de las “graves consecuencias” de esta propuesta que, lejos de suponer un “ahorro presupuestario”, va a suponer el “deterioro” de los servicios públicos educativos, el “aumento de la temporalidad” en el empleo público y un “paso atrás” en la consecución de los objetivos fijados en diferentes ámbitos en materia de educación. En consecuencia, esta organización quiere expresar su más “profundo rechazo a las formas, modas y consecuencias” con el que, entiende, se ha llevado este proceso que supone una “nueva y gravísima agresión” al profesorado y las dos ciudades de gestión del ME.
Juan Luis Aróstegui, presidente de la Junta de Personal, órgano de representación del profesorado que protagonizó una concentración en los pasillos de la Dirección Provincial por el retraso en la publicación de la OEP, señaló que estas diez plazas supone una “vulneración” de un pacto sindical “importante” para la consolidación de empleo ya que, como aclaró, éstas oposiciones constituyen una de las dos oportunidades para los profesores de Secundaria para acceder por el sistema transitorio y una queda “prácticamente anulada”.
El también secretario general de CCOO rechazó el argumento aportado por el Gobierno para la restricción de los gastos y tachó la decisión de “política” para añadir que perjudica “notablemente a los profesionales de la enseñanza” y, por extensión, al “sistema educativo en su conjunto”.
El Ministerio de Educación solicitó a la cartera con competencias en Administraciones Públicas una cifra de plazas “recortada”, apuntó Aróstegui, en concreto 97 a pesar de que los sindicatos insistían que oscilara entre 120 y 150 plazas para las dos ciudades autónomas y dependientes del Estado en materia educativa.
La Junta de Personal no descarta movilizaciones aunque estudiará su convocatoria.
