El sindicato sigue defendiendo los derechos de los trabajadores y espera que pronto llegue el turno de Ceuta.
Tras la firma del acuerdo suscrito el pasado 10 de marzo entre los sindicatos y el Ministerio Justicia, Comisiones Obreras (CCOO) ha realizado una serie de alegaciones en torno al borrador de las Orden y RPT de Burgos y Murcia, aunque las decisiones que adopte el Ministerio en este sentido podrían afectar a lo que pase finalmente en Ceuta, ya que algunas apreciaciones son de carácter general. Cabe recordar que este trámite es uno de los últimos previos a la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) y que es precisamente este paso el que va a obligar al retraso de la convocatoria de los concursos de trabajadores y, por tanto, al retraso de la entrada en funcionamiento de la NOJ.
En términos generales, CCOO quiere garantizar que los puestos que haya que cubrir tengan unas funciones concretas, con unas retribuciones adecuadas y con unos horarios acordes. Desde el sindicato también solicitaron al Ministerio que “las actuales sustituciones, comisiones de servicio, adscripciones provisionales y nombramiento de interinos se mantengan en la NOJ”, así como el incremento de las plantillas en las Unidades de Procesales de Apoyo Directo a los órganos judiciales (UPAD) y en los Servicios Comunes, sin olvidar la “separación por órdenes jurisdiccionales de aquellas secciones de los Servicios Comunes Procesales y Servicios Comunes de Ejecución”.
CCOO ha anunciado además una campaña contra las libres designaciones y se ha opuesto a la cobertura de puestos mediante este procedimiento. Asimismo, desde el sindicato aseguran que seguirán “combatiendo” las regulaciones arbitrarias e injustas en torno a las funciones de los trabajadores de Justicia. En esta línea han pedido que se delimiten las funciones de cada persona por cuerpo tanto en las UPAD como en las diferentes secciones de los Servicios Comunes; que no existan funciones repetidas en varios cuerpos; que se eliminen de los textos expresiones como “funciones análogas”, “funciones acordes a la cualificación profesional” o “las encomendadas por el superior jerárquico”; han pedido que los secretarios judiciales asuman funciones ejecutivas y no sólo de control y vigilancia, como se prevé actualmente; y que se elimine de la función de los tramitadores la obligación de asistir a los juicios para confeccionar el acta.
El Ministerio ha asumido varias de las cuestiones que los sindicatos han planteado y se ha comprometido a estudiar las reclamaciones sobre las funciones.
