La formación localista no cree que la ciudad sea "un paraíso de convivencia, como defiende el PP", y estima necesario "tipificar y sancionar conductas como el episodio registrado el pasado sábado, que ha pasado muy desapercibido, de una agresión tras una concentración contra el modelo de políticas migratorias vigente".
La propuesta de nueva Ordenanza, que se plantea "abierta a cambios para alcanzar un consenso" con el Gobierno y la oposición, propone sancionar con hasta 3.000 euros o trabajos sustitutorios para la comunidad conductas "racistas, xenófobas, homófobas, sexistas o de acoso escolar".
Su propósito, según ha detallado Aróstegui, es "formalizar el compromiso de la institución y del resto de la sociedad con el respeto a los derechos individuales compatible con la dignidad de todas las personas".
