El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha comenzado una actuación de oficio con el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa): quiere saber si la oferta de atención psicológica en la sanidad pública es la "adecuada a las verdaderas necesidades de la población".
La actuación ha arrancado por las quejas que ha recibido el Defensor, y que reflejarían "una insuficiente presencia de psicólogos en los centros especializados de salud mental", ha asegurado la entidad a través de un comunicado. "Esta carencia provoca que los tiempos entre consulta puedan alargarse hasta los tres meses para tratamientos que requieren más periodicidad".
El Defensor ha señalado que la ratio de psicólogos por habitante "continúa siendo en nuestro país muy inferior a la de la mayoría de países desarrollados, si atendemos a la demanda percibida y a los estudios de diverso tipo llevados a cabo en esta materia".
Y es que según un informe defendido en el Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud de 2010, se recoge la ratio de 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 18 por cada 100.000. Si se calculan las medias con psiquiatras en lugar de con psicólogos, la situación se agrava.
La Institución del Defensor del Pueblo ha pedido concretamente a las administraciones sanitarias españolas a que le remitan los datos actualizados para conocer el estado de la atención psicológica en los centros públicos y en los centros concertados.
