El primer expediente de modificación del Presupuesto de este ejercicio de la Ciudad incluye también la nueva redacción reclamada por Ciudadanos para la Base de Ejecución número 46, relativa a gastos protocolarios y de representación e indemnizaciones por manutención y alojamiento. El objetivo es “regular esos gastos para evitar en lo posible la discrecionalidad de los mismos”.
En su tenor literal, el texto que debatirá el Pleno presumiblemente el próximo lunes para su aprobación inicial establece que en lo tocante a gastos protocolarios y de representación “los consejeros son los únicos que pueden hacer uso de los créditos” para pagar con dinero público gastos originados “como consecuencia de actos, eventos, ceremonias, recepciones y visitas oficiales de autoridades o cualquier otro acto institucional en los que la Ciudad actúe como organizadora” o a los que la Administración acuda “con un fin institucional” y que redunde “en beneficio de los intereses” de la institución.
Todos los gastos deberán acreditarse “con facturas” y cumplir tres requisitos: “Ser consecuencia de actos de protocolo y representación”; “redundar en beneficio o utilidad de la Administración”; y “no suponer retribuciones en especie o en metálico”.
Quedarán expresamente excluidos los “obsequios por efemérides personales, comidas colectivas, obsequios de jubilación, maternidad, fallecimiento de familiares o similares”. Si la cuenta supera los 3.000 euros exigirá una fiscalización previa por parte de la Intervención.
En cuanto a los gastos por alojamiento y manutención, los altos cargos tendrán derecho a percibir 240 euros diarios para cubrir aquellos en los que incurran “con ocasión de asistencia a actos de contenido protocolario o representativo”. Los pagos requerirán del visto bueno del titular de Economía tanto para los consejeros como para el resto de altos cargos.
Una vez visada o autorizada la asistencia se abonará el 75% de la cantidad total asignada y una vez producido el viaje el solicitante podrá elegir entre aportar documentación para recibir “el exceso sobre la suma inicialmente percibida hasta el límite diario” o renunciar a esa posibilidad.
Los gastos de viaje incluirán “los necesarios para la ida al lugar de destino y regreso a la Ciudad”, taxis, aparcamientos y peajes incluidos.
Los gastos de representación del presidente se tramitan a través de su Secretaría Particular y los protocolarios, por ese servicio específico. Igualmente, los generados por jefe de Gabinete, seguridad, conductores, prensa o fotógrafo serán atendidos de la misma forma “sin que pueda compatibilizarse con la percepción de dietas”.
“Tapar las trampas de otros años”
El MDyC denunció ayer que con el primer expediente de modificación del Presupuesto de este año el Gobierno de Vivas solo pretende “tapar las trampas de años anteriores, pagar las sentencias judiciales a las que es condenado y preparar las elecciones del año que viene”. Para los de Fatima Hamed el expediente se ha construido “sin unos informes serios que mantengan el procedimiento y con dictámenes “que ocultan la realidad de los fondos públicos”. “Ni los funcionarios conocen cuál es el destino final de las cantidades, que el Desgobierno Vivas asigna como en una tómbola”, criticó el Movimiento, que calcula que “casi una cuarta parte de la modificación es para pagar deudas de otros años (alumbrado público, basura, combustible, producción de agua y transporte de residuos) o en sentencias judiciales por ineptitud”. “Muchas partidas solo son ocurrencias que intentan vender que el Desgobierno tiene un proyecto de ciudad pero ninguna de ellas se basa en un expediente real que la respalde”, lamentaron los localistas.
Caballas ve un “carácter antisocial” en la modificación presupuestaria
Caballas opina que la primera modificación del Presupuesto de este año que ha elaborado el Gobierno de la Ciudad para someterla a la consideración del Pleno el lunes “ratifica y enfatiza la nefasta política presupuestaria del PP, que se aleja cada vez más de los problemas y preocupaciones ciudadanas para concentrarse en sus propias prioridades: pagar su ineptitud (1,3 millones para pagos de sentencias judiciales) y seguir inyectando dinero a las empresas amigas que, cada vez que se produce un debate presupuestario, sacan tajada, como Urbaser, Trace, Cadagua o la Empresa de Alumbrado, que en esta ocasión se repartirán casi tres millones de euros”.
La coalición cree que “una prueba irrefutable del carácter antisocial de esta nueva redefinición presupuestaria es que de los 16 millones de euros que importa en su conjunto tan solo cien mil se destinan a políticas sociales”.
“La alergia a los pobres que padece el PP se hace cada vez más visible”, criticó Caballas en un comunicado en el que lamentó que “la crisis y el paro siguen siendo un problema secundario para el Gobierno de Vivas, que se limita a incluir rúbricas propagandísticas vacías de contenido, a cambiar el nombre de partidas dando de baja unas y de alta otras similares y a hacer algún guiño a los empresarios a los que pretenden recuperar como aliados naturales”.
