Jacob Hachuel, consejero de Gobernación, ha ordenado abrir un expediente para conocer por qué el Parque Móvil depositó coches aparentemente abandonados en plena calle Fuerte como ha criticado el partido MDyC aportando una serie de fotografías como prueba. La denuncia de los localistas concluye que la propia administración “lidera el incumplimiento de la legislación”.
El responsable de esta materia ha reconocido que “no ha sido una decisión acertada por parte de quien la tomase”. Hachuel ha defendido que “no es la práctica habitual la retirada de un vehículo de un lugar y dejarlo en la vía pública ni mucho menos un residuo o un cascarón ni un vehículo abandonado”, sino todo lo contrario, ya que Hachuel enmarca el episodio retratado por MDyC en un “caso excepcional”.
Hachuel considera que MDyC “falta a la verdad” porque “es la primera vez que ocurre”
El reproche de que la Ciudad Autónoma está “abandonando vehículos en la vía pública” supone, a juicio del consejero, que MDyC “falta a la verdad” ya que, ha reiterado, se trata de una situación “excepcional que no ha ocurrido nunca” y, por tanto, es “la primera vez” que sucede. El expediente informativo adelantado por Hachuel le permitirá “ver verdaderamente qué es lo que ha ocurrido”. Pero de ahí a recibir la acusación de que es la forma de proceder de la Ciudad, el titular de Gobernación ha aseverado que va un trecho.
En cuanto a la posibilidad de que su acumulación temporal en calle Fuerte se debiese a problemas en el depósito o de la concesionaria del servicio, Hachuel ha indicado que esperará a conocer el resultado del expediente.
MDyC denunciaba el pasado miércoles, en base a unas fotografías que mostraban cómo se abandonaba en un parterre de la calle Fuerte un automóvil, el abandono de vehículos en la vía pública por parte de un camión grúa del Parque Móvil escoltado por la Policía Local. “Suponemos que seguían las instrucciones de algún irresponsable político”, denunciaba la formación de Hamed.
Asimismo, incidía en la importancia de esta acción ya que, señalaban, “se trata de una actuación de las que la Ciudad luego acusa de llevarlas a cabo”. En el mismo sentido, también manifestaban que “la lucha contra la delincuencia medioambiental debe ser dirigida por las instituciones, no que sea la propia administración, siguiendo instrucciones políticas, lidere el incumplimiento de la legislación”.
