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La sentencia de Primera Instancia está recurrida tanto por familias como por la docente del ‘San Agustín’
La progenitora de uno de los niños que según denunciaron sus familias fueron víctimas durante el año académico 2014-2015 de tratos susceptibles de reproche penal por parte de una de sus maestras, A. G. R., en el Colegio San Agustín, reclamó ayer por escrito a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación (MECD) que le aclare “como madre involucrada y afectada” si la docente condenada en Primera Instancia a un año y tres meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la docencia en “cualquier centro de enseñanza, sea público o privado”, durante el mismo tiempo por un delito contra la integridad moral con agravante de abuso de superioridad, sigue contratada por el colegio como administrativa y concretamente “si sigue trabajando con niños”.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 emitida el pasado mes de noviembre ha sido recurrida tanto por la condenada como por varias familias ante la Audiencia Provincial, ya que solo dio como hechos probados el haber introducido a un niño de 3 años al que daba clase en un cubo de basura en dos ocasiones “con pleno convencimiento" de que su proceder afectaba "potencialmente al desarrollo integral y psicológico del menor”.
“El proceso judicial está ahora en fase de que se resuelva la apelación, formulada tanto por la imputada como también por otros padres a los que no se reconoció en Primera Instancia los hechos denunciados, presuntos malos tratos a unos menores de tres años, pero cuál no ha sido mi sorpresa al saber por distintas personas que esta señora sigue trabajando”, manifiesta la madre en su escrito a la Dirección Provincial, a la que interpela por si sería “ético y moral” que la Dirección Provincial “no haya adoptado ninguna medida para que, al menos hasta que se resuelva el pleito judicial, no siga ejerciendo ningún tipo de trabajo que suponga estar con niños”.
Según la información recabada por este periódico, la docente en cuestión seguiría contratada como administrativa por el centro, que ya habría negado que siga dando clase, un hecho que podría incardinarse incluso entre las causas de rescisión del convenio con el Ministerio.
La maestra fue absuelta en septiembre de haber violado las medidas cautelares que, en forma de orden de alejamiento, pesaban sobre ella con respecto a siete niños, ya que la juez de lo Penal apreció que en sus coincidencias físicas no había habido “intencionalidad” ni “dolo”. El Colegio San Agustín, que durante meses la tuvo trabajando en otros menesteres fuera de la actividad lectiva, la devolvió a las aulas cuando se redujo el alcance de la orden de alejamiento, siempre según sus responsables al cargo de estudiantes de Primaria y no de Infantil y con horarios de entrada y salida distintos.
