El secreto de sumario ha superado más de un año en el caso ‘Loma Colmenar’, abierto tras una denuncia presentada por la propia Ciudad Autónoma tras la publicación de la ya famosa lista fantasma. La jueza instructora está trabajando mucho y bien para intentar aportar luz sobre un tema que viene marcado por la eterna rumorología: la adjudicación de viviendas de protección oficial. Debe ser el Gobierno el primer interesado en que se aclare lo sucedido no solo con las 317 sino con otras, toda vez que la interposición de la denuncia inicial ha desembocado en todos los pasos que vamos conociendo poco a poco, como son la petición de listados de adjudicatarios de otras promociones, la 170 y la 225 de la misma zona, Loma Colmenar. Son ya varios los tomos que van acumulándose en torno a esta causa, tomos que esconden investigaciones, líneas iniciadas para aclarar el modo de proceder en este ámbito. La Policía por su parte también ha dirigido varias investigaciones ante las denuncias de ciudadanos que dijeron haber pagado por verse beneficiados por una vivienda. Los pasos de la justicia y de la Policía hay que dejar que se den bajo la necesaria protección de un secreto de sumario que persigue que, al final, haya luz al final del túnel y se pueda conocer el modo de proceder que se estiló en todo este asunto. Existe nerviosismo, inquietud e incluso se atisba cierto margen de crítica por la duración de estas investigaciones; hay que dejar que se trabaje como se está haciendo porque, sin duda, será determinante a la hora de que el procedimiento iniciado pueda aportar la claridad suficiente en torno a un asunto que no puede permanecer por más tiempo en boca de todos, siendo pasto de rumores y comentarios. Llegará el momento en que la justicia dé el paso al frente que muchos esperan y otros, sencillamente, temen.
