Los agentes encontraron una embarcación varada en el Recinto Sur con diez inmigrantes en su interior, propiedad del imputado
Visto para sentencia ha quedado la vista oral celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 contra M.H. y su madre S.M., acusados de un delito contra los derechos de los extranjeros, por el que el Ministerio Fiscal pidió 21 meses y siete meses y medio de prisión, respectivamente para cada uno de los imputados, además de un multa de 4.050 euros en el caso del primero.
Los hechos se remontan al 23 de octubre de 2015 cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado detectaron, en el Recinto, una embarcación de unos cuatro metros de eslora de nombre ‘Niño’, sin placas identificativas que procedía de Marruecos llevando a diez personas que pretendían acceder ilegalmente a territorio nacional.
Negación de los hechos
El acusado, cuya embarcación figuraba a su nombre, negó en todo momento su implicación en los hechos, asegurando que la nave se encontraba fondeada en un puerto de Marruecos, donde se dedica a la pesca y posterior venta de la misma.
Los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación, testificaron sobre la denuncia de varios socios del Puerto Deportivo, quienes habían asegurado que, días antes del suceso, varias personas estaban manipulando una embarcación, para eliminar así el número de registro del motor, correspondiente a una de las tres embarcaciones a nombre del acusado.
Escuchas telefónicas
A raíz de descubrir la titularidad de la embarcación, se procedió a activar un dispositivo de escuchas telefónicas en el que también se vio implicada la madre del acusado, quien supuestamente participaba en el tráfico de personas a cambio de dinero. La transcripción de las conversaciones entre madre e hijo aludían a un “trabajo” que “no salió bien” y del que el acusado “se salvó” milagrosamente, tras lo que pidió ropa seca y dinero a su progenitora, así como otras alusiones a la contratación de un abogado para un conocido de M.H., de origen marroquí.
Durante sus conclusiones, la Fiscalía aludió a la falta de pruebas sobre la ubicación real de la embarcación del acusado, mientras que en la defensa se basó en desvincular la relación entre la nave hallada en el Recinto y su patrocinado.
