Lo dicen los propios técnicos. El proyecto de la Gran Vía “no tiene por objeto desarrollar integralmente el conjunto de determinaciones de un Plan de Ordenación” y en cuya tramitación no hace falta ir más allá de la “contratación administrativa”. “No se exige un periodo de información pública, en contraposición a los proyectos de urbanización, sin perjuicio de que cualquier procedimiento puede incorporarlo, siendo recomendable el general conocimiento en aras del interés general así como atender a los principios de transparencia y buen gobierno pero que en cualquier caso pudiera hacerse por otros medios como la difusión a través de la prensa, reuniones con colectivos afectados, webs...”.
Esto forma parte de uno de los informes a los que ha tenido acceso este periódico y que viene a tocar otros puntos que resultan clave en cualquier obra de envergadura como la que quiere llevarse a cabo en la Gran Vía: el interés general, el buen gobierno, la transparencia... No son palabras mayores, son palabras debidas a una ciudadanía que debe saber, que tiene el derecho a conocer con detalle el gasto de casi 8 millones de euros en este punto de la ciudad. Un gasto que además se anuncia en un momento de crisis comercial, en un momento en el que los cierres de la frontera están dando lugar a una cadena de reacciones muy negativas para la ciudadanía... ¿Qué menos que se difunda con detalle todo el gasto, que el ciudadano pueda saber por qué ahora y por qué y en dónde se van a invertir las distintas partidas? Son los propios informes con los que cuenta la Ciudad los que vienen a justificar esta necesidad que no es ni alocada ni persigue fines extraños. Es lo menos que se le puede mostrar al ciudadano.
